Fracasa el cuarto intento de desbloquear la huelga de los letrados: Justicia no les dará 1.100 euros más al mes
“Se trata de un aumento inasumible, no solo para el erario público" según el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo
Finaliza sin éxito el cuarto intento de poner fin a la huelga indefinida que vienen protagonizando los letrados de la Administración de Justicia desde el pasado 24 de enero. Las partes no solo no han llegado a un principio de acuerdo, sino que, según el comité de huelga, ya no habrá comunicación personal. Los representantes del Ministerio de Justicia, encabezada por el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, les han conminado a seguir hablando vía mail, señalan desde el comité.
Ministerio y letrados se siguen arrojando reproches y, mientras, la huelga, que está paralizando miles de juicios y vistas en toda España, sigue su curso con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos. Los letrados prevén que habrá un retraso añadido de dos años al ya existente en la tramitación de los procedimientos judiciales.
El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha trasladado su alarma por la situación tras este nuevo intento fallido de llegar a un acuerdo entre las partes. El ICAM, que desde el 24 de enero está haciendo un seguimiento de la huelga, cifra en un 35% de media el porcentaje de señalamientos suspendidos a partir de datos recogidos en las salas de la abogacía distribuidas por los diferentes órganos y partidos judiciales. "En algunos casos, como los juzgados mercantiles, o los de Majadahonda, la paralización este martes fue completa", señalan.
El departamento dirigido por Pilar Llop señala en una nota que han ofrecido subidas salariales para un total de 1.906 letrados de la Administración de Justicia pertenecientes a los grupos III, IV y V, con aumentos que, en más de 700 casos, alcanzan los 5.000 euros al año. Esta propuesta, explican, ha sido rechazada reiteradamente por el comité negociador.
El comité de huelga califica de "inaceptable" la oferta. "Nos hemos vuelto a encontrar con la cerrazón y el inmovilismo ministerial", lamentan en un comunicado. Los letrados siguen pidiendo que sea la propia Pilar Llop quien se ponga al frente de la negociación. "Hoy el 81% de las letradas y letrados han respaldado nuevamente la huelga", afirman. Desde el colectivo denuncian "el destrozo de dimensiones mayúsculas que está ocasionando el Ministerio de Justicia, con el beneplácito del Gobierno, en la Administración de Justicia".
Según la versión del comité de huelga de los letrados, la propuesta ministerial fue por escrito, y por ese medio se les pidió que contestaran. A partir de ahí, las comunicaciones, señalan, "serán por email". "Nos han cambiado el marco negocial y pretenden que la negociación continúe por escrito", expresan.
En la nota emitida por el Ministerio de Justicia se desliza que "tras cuatro reuniones, los letrados de la Administración de Justicia, cuyos salarios actualmente oscilan entre los 40.000 y los 60.000 euros, no han modificado su postura ni realizado cesión alguna, persistiendo en su objetivo de solicitar cobrar el 85% de lo que perciben los jueces, cuestión conocida como cláusula de enganche". Una cláusula que es el nudo gordiano de la negociación.
Cabe recordar, apuntan desde el ministerio, "que ya se ha aprobado una subida retributiva para el colectivo superior al 14,5% en tres ejercicios, con carácter retroactivo y que ya están percibiendo en sus nóminas". Si se atendieran las reclamaciones de los letrados, explican, "supondría un incremento lineal en las nóminas de todos ellos de 1.100 euros al mes, unos 14.000 euros al año. El montante total ascendería a casi 61,5 millones de euros, más de lo que se destina al Servicio de Justicia gratuita de nuestro país". “Se trata de un aumento inasumible, no solo para el erario público, sino para el conjunto de la sociedad”, ha destacado Olmedo.
Un 54% de notificaciones menos en un mes de huelga
El paro convocado por los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) está suponiendo un relevante impacto en el funcionamiento de los juzgados y tribunales de todo el país. Con un seguimiento masivo, que el 27 de febrero alcanzó una participación del 78% de los letrados, según el comité de huelga, ya son ya más de 223.000 juicios y actuaciones judiciales suspendidas, 329.000 las demandas pendientes de reparto y más de 800 millones de euros los bloqueados en las cuentas de los juzgados.
Desde el inicio de la huelga el 24 de enero hasta el pasado 24 de febrero, el descenso en las notificaciones ha sido del 54% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos registrados en el informe de Atlante y Goriz Advisors elaborado con la herramienta Legal Insights.
Esta herramienta de análisis de datos masivos también arroja que, al cumplirse un mes de la huelga, las comunidades autónomas con más casos de descenso en las notificaciones por los juzgados en el mismo periodo del 2022 son: La Rioja (85%), Murcia (73%), y País Vasco y Extremadura (ambos con un descenso del 60%).