Iberdrola pide a Florentino Pérez 73 millones por su acusación en el ‘caso Villarejo’
Demanda al presidente de ACS por el daño moral y reputacional causado por su actuación en la investigación de la Audiencia Nacional
Iberdrola ha pasado a la carga contra Florentino Pérez. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán ha demandado al presidente de ACS y le pide una indemnización de casi 73 millones de euros por el daño moral y reputacional sufrido con su acusación en el 'caso Villarejo', donde se encuentra personado como víctima de los supuestos espionajes que el comisario jubilado José Manuel Villarejo realizó por encargo de la eléctrica.
La demanda, que ha sido adelantada por El Mundo, llega siete meses después de que la Audiencia Nacional acordara dejar fuera de la decimoséptima pieza separada de la macrocausa sobre los negocios del agente encubierto al presidente de Iberdrola y a la cúpula directiva en el momento de los trabajos del polémico policía, así como a la filial Iberdrola Renovables Energía, por la prescripción del delito. Al mismo tiempo, el tribunal descartó cualquier posibilidad de imputar al grupo eléctrico, que, en reiteradas ocasiones, solicitó la defensa de Florentino Pérez.
Ahora, una vez que dicha investigación se encuentra en su recta final -el juez instructor Manuel García Castellón acordó una breve prórroga de las pesquisas de solo dos meses, hasta el próximo 29 de marzo-, Iberdrola ha interpuesto una demanda de juicio ordinario contra el también presidente del Real Madrid ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid por la comisión de abuso de derecho.
Saldar una cuenta personal
En el escrito de 110 páginas, al que ha tenido acceso CincoDías, los abogados de la cotizada afirman que Pérez ha realizado un "ejercicio ilegítimo, desviado e indebido de la acción penal" contra Iberdrola en el marco del 'caso Villarejo'. En este sentido, aseguran que la única finalidad de su personación como acusación particular y perjudicado ha sido "dañar" a la eléctrica para "saldar la cuenta personal de la derrota que sufrió en el año 2010, cuando fracasó en su intento de hacerse con el control de Iberdrola, y para eventualmente, obtener un título con el que poder resarcirse, siquiera parcialmente de las enormes pérdidas que le produjo su aventurismo empresarial".
Así, con el apoyo de un peritaje elaborado por Álvarez&Marsal, Iberdrola cuantifica en 72.249.789 euros el desprestigio de la imagen corporativa, así como los sobrecostes que ha tenido que asumir en el área de comunicación corporativa para contrarrestar la actuación de Florentino Pérez en la Audiencia Nacional, a quien acusa, además, de filtrar información "perjudicial" para la empresa. A ello se suman otros 572.500 euros por un daño patrimonial, que corresponderían a los gastos en varias consultoras especializadas en comunicación e imagen contratadas para minimizar los efectos de la actuación del presidente de ACS en la causa judicial, explica la demanda.
"La conducta del señor Pérez está causando graves daños reputacionales, patrimoniales y morales" a la compañía de Sánchez Galán "y constituye un abuso de derecho que además 'exporta' a los mercados, incidiendo particularmente en aquellos en los que Iberdrola compite con ACS", concluye el escrito.
Un conflicto "histórico"
De todos los trabajos que el Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo, que desarrolló para Iberdrola entre 2004 y 2017, Pérez se habría visto afectado por dos: 'Gipsy' y 'Posy', ambos realizados en 2009. En el primero de ello, el agente encubierto espió a un exdirectivo de la eléctrica ante las sospechas de que estaba filtrando información de Iberdrola y de su presidente para que llegase al líder de ACS. El segundo de los proyectos estaría ya directamente centrado en Florentino Pérez para obtener información comprometedora que pudiera ser utilizada en un posible "conflicto" con él, según consta en el sumario.
A lo largo de la demanda, Iberdrola recuerda que el conflicto con Florentino Pérez es "histórico" y se remonta a 2006 cuando éste último comenzó a comprar acciones de la compañía vasca con la intención de entrar en el consejo de admnistración. No obstante, la Comisión Nacional de la Energía impidió esta entrada, dado que ACS ya poseía la antigua Unión Fenosa (con un 40,5%) y, por tanto, se le consideraba competidora.
La constructora vendió en 2008 las acciones de Unión Fenosa para poder tener más presencia en Iberdrola, llegando en 2010 a contar con más de 20% de la eléctrica, siendo el mayor accionista. Así, Pérez nombró a José María Loizaga consejero en el órgano de control de Iberdrola, pero la Junta General Ordinaria reaccionó para impedir la entrada de ACS, argumentando que esta empresa tenía una división de renovables que le hacía, una vez más, merecedor del título de competidor. Esta decisión fue avalada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2014.
Así, Iberdrola ve como una forma de venganza que Florentino Pérez mantuviera su personación en el 'caso Villarejo', pese a que, según indica en la demanda, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional no encontrara "ninguna grabación" o prueba que acredite que la "organización de José Manuel Villarejo hubiese realizado alguna injerencia o intervención" de las comunicaciones telefónicas del empresario o sus familiares.
Es más, la compañía que dirige Sánchez Galán recalca que el presidente de ACS no ha propuesto al juez de la Audiencia Nacional la práctica de ninguna prueba para demostrar que fue víctima de un espionaje o "chantaje", si no que ha solicitado, "hasta en cuatro ocasiones", la imputación de Iberdrola "sin existir ninguna sospecha verosímil" de su responsabilidad o participación en un presunto delito de revelación de secretos cometido en el año 2009, y que estaría prescrito.