Las medidas anticrisis tienen carácter redistributivo y han ayudado a reducir la pobreza

Esta es la conclusión del Instituto de Estudios Fiscales tras el análisis de las 9 medidas que más afectan a las familias

Infografía: Belén Trincado

El objetivo que se marcó el Gobierno con la aprobación de medidas para hacer frente a la guerra de Ucrania en 2022 y que muchas se prorrogaron este año, es ayudar a trabajadores, familias y desempleados, tras la pérdida de poder adquisitivo que experimentaron con el incremento de los precios.

Precisamente, el Instituto de Estudios Fiscales, (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha publicado un trabajo donde se pone de relieve como a nivel conjunto, estas medidas han sido eficaces para combatir la pérdida de poder de compra con incrementos de renta y han tenido efectos redistributivos logrando reducir la pobreza y la pobreza extrema. Tan solo la aplicación de la subvención al carburante y al precio del transporte aparecen como medidas regresivas, aunque con unos efectos reducidos.

El análisis del IEF de las principales medidas se inicia con la de la bonificación de los 20 céntimos por litro de carburante que finalizó el pasado 31 de diciembre para el público en general. El IEF afirma que tal y como se diseñó, genera un efecto regresivo, pero de magnitud muy pequeña, ya que no llega a incrementarse la desigualdad más de 0,018% en un escenario de 1,5 euros por litro, que es el más regresivo.

Esto es así porque la bonificación se disfruta de forma inmediata para todo consumidor, sin que se tenga en cuenta el nivel de renta. Esta entidad señala en su trabajo que si la instrumentalización se hubiera llevado a cabo vía IRPF, se podría haber realizado un diseño progresivo, aunque con un retraso de la ayuda para el consumidor. De su análisis puede apreciarse que sin discriminar por nivel de renta, la proporción de gasto de esta partida es del 4,08%, mientras que en las rentas más bajas superan el 5%, frente al 3% de las rentas más elevadas.

El límite del 2% a la subida de los alquileres genera un efecto redistributivo reducido, si bien contribuye a reducir la desigualdad en un 0,016% teniendo en cuenta un escenario de inflación simulada del 6%. Esta limitación al 2% de los alquileres, supone de media, según el IEF, un “impuesto” de 31,9 euros, que se eleva hasta los 101 euros en la decila que mayor nivel de renta, desde los 9,4 euros de la primera decila de menor renta, reforzándose así su papel progresivo.

La medida del Gobierno de reforzar el bono social eléctrico que supuso la ampliación del mismo a 600.000 familias adicionales, hasta los 1,9 millones de hogares, al estar basada en los niveles de ingreso de los receptores potenciales, tuvo un efecto claramente redistributivo de la riqueza en su conjunto, ya que supone una transferencia de rentas a los niveles más bajos de renta, siendo la transferencia más generosa cuanto menor es la renta del destinatario.

No obstante, señala este trabajo que la única condición no redistributiva ha sido que el requisito de ser familia numerosa por sí solo convierte a la unidad beneficiaria del bono, sin tener en cuenta su nivel de ingresos.

Otra medida que juega a favor de la distribución de renta de los hogares ha sido la elevación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en un 15%. Algo más pequeño es su efecto sobre la distribución global, como consecuencia de que los perceptores representan solo un 6,7% de la población de hogares. Pese a que no ejerce una influencia significativa sobre la pobreza, si contribuye a mejorar las condiciones de los hogares más pobres, especialmente sobre aquellos de pobreza extrema.

Otra de las medidas de amplia repercusión familiar, la bonificación del 50% en el precio del transporte estatal y del 30% en el autonómico y local, no está diseñada de manera redistributiva, ya que subvenciona más en términos absolutos y proporcionalmente a los hogares con mayor capacidad de pago, con un incremento de la desigualdad muy reducido.

Otra medida de amplio calado, como la rebaja del IVA sobre la electricidad del 21% al 5% ha generado un ahorro medio de 106 euros, aunque eso sí, más para los hogares más ricos. El IEF contempla que en proporción sobre la renta, el tipo efectivo de este subsidio resulta decreciente por decilas de gasto de los hogares. De media, el tipo efectivo supone un 0,44%, correspondiendo el 0,54% para la decila más baja y el 0,27% para la más elevada. La medida es redistributiva y genera un descenso en la desigualdad de pequeña magnitud, el 0,0763%.

La limitación del precio del butano a 19,55 euros por bombona ha generado un efecto redistributivo positivo, aunque de tamaño reducido, reduciendo la desigualdad un 1,0156% cuando el escenario alternativo de precio es de 25 euros por bombona. Y es que pese a que su diseño no es redistributivo, su aplicación si lo es en la práctica, ya que las familias con menores niveles de renta, son las que emplean en mayor medida este combustible.

La medida del Gobierno que ofrece el mayor carácter redistributivo es el abono del cheque de 200 euros para aquellas familias más desfavorecidas. Reduce la desigualdad de una manera acusada con respecto a la población total, al tiempo que contribuye a la reducción de la pobreza extrema que pasa del 7,6% al 7,4%, aunque apenas sus efectos modifica la incidencia de la pobreza.

La subida del 15% de las pensiones no contributivas constituye una medida redistributiva, que reduce ligeramente la desigualdad de la distribución total poblacional. La pobreza y la pobreza extrema también se reducen de forma muy moderada.