El Supremo avala la prórroga de la fábrica de Ence en Pontevedra
La acción se dispara un 27,14% y la papelera calcula que la reversión de deterioros y provisiones inyectará 169 millones al beneficio en 2022
El Tribunal Supremo ha acordado que el grupo papelero Ence puede permanecer en la ría de Lourizán al avalar la prórroga de permanencia durante 60 años que el Gobierno de Mariano Rajoy otorgó en 2016. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado los recursos que Ence y otras entidades interpusieron contra las sentencias de la Audiencia Nacional que, en junio de 2021, dejó sin validez la autorización para la ocupación de una superficie de 373.524 metros cuadrados de suelo de dominio público y protegido por la Ley de Costas hasta 2073.
La decisión del Alto Tribunal, que se ha adelantado este martes, implica que Ence no eche el cierre de la fábrica gallega. La decisión judicial da oxígeno a la compañía de celulosa, que, ante la previsión de que el Supremo confirmaran las resoluciones de la Audiencia Nacional, ya había provisionado 200 millones de euros para afrontar los costes de desmantelamiento de la factoría y puesto en marcha un plan B para aumentar la inversión en otras instalaciones, como la de Navia (Asturias) y posibles nuevos proyectos, como una planta de reciclado en As Pontes (A Coruña).
Los magistrados, que se han reunido este martes para deliberar los recursos que Ence Energía y Celulosa S.A., comités de empresa y otras entidades, entre ellas la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, consideran que las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988, como es el caso, se pueden prorrogar siempre que consten informes medioambientales favorables. En el caso de Ence, la Sala señala que sí existía dicha documentación de la Administración que daba el visto bueno a la ampliación del tiempo de permanencia en suelo público marítimo-terrestre. El contenido íntegro de las sentencias, que contarán con el voto particular de la magistrada Ángeles Huet, se conocerá en los próximos días. De momento, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adelantado el fallo.
Ence se mostró satisfecha ante la citada decisión judicial. "Despeja la incertidumbre sobre el futuro de esta instalación y de las 5.100 familias vinculadas a su actividad. Asimismo aporta a la compañía la seguridad necesaria para acometer sus planes de futuro en esta biofábrica". Y el primer impacto positivo lo tuvo en los mercados, ya que las acciones de la papelera se dispararon con fuerza desde que se conoció la sentencia y acumulaban una revalorización del 21% a falta de un par de horas para el cierre de la sesión bursátil. Y el segundo impacto se dejará sentir directamente en la cuenta de resultados puesto que se producirá la reversión de las provisiones y de los deteriores de activos registradas en 2021, lo que, según la empresa, inyectará 169 millones de euros en el beneficio de la empresa de 2022. Asimismo corroboró que seguirá adelante con sus tres grandes proyectos de inversión para los próximos ejercicios.
Pese a la prórroga de la concesión de la fábrica de Pontevedra, la papelera mantendrá (era uno de los ejes del plan B en caso de cierre) el plan "Navia Excelente", dotado con 105 millones de euros, que contempla una serie de actuaciones ligadas a la bioeconomía circular en la otra gran fábrica que tiene en Navia (Asturias), como la promoción de productos diferenciados; la apuesta por la celulosa Fluff (especial para productos higiénicos absorbentes); y un novedoso proyecto de descarbonización. En paralelo también pondrá en marcha Ence Biogás, una filial de nueva construcción para desarrollar, construir y operar 20 plantas de biometano en distintos puntos de la geografía española, y ya ha iniciado los estudios y la ingeniería para la construcción de una bioplanta de reciclado y biomateriales en As Pontes. "Se trata de un proyecto plenamente alineado con la transición gusta, que se autoabastecerá de energía renovable y cuyo proceso productivo será plenamente sostenible, con un consumo mínimo de recursos naturales"
Pese a su victoria judicial, la compañía tiende la mano a los colectivos que habían solicitado su cierre mediante demandas judiciales. "Queremos seguir escuchando la voz de todos, respondiendo a las inquietudes de nuestro entorno para, juntos, ser capaces de visibilizar todo lo que aportamos a esta comunidad, así como de continuar avanzando y mejorando”, señaló Ignacio Colmenares, presidente de Ence, tras conocer el sentido de las sentencias del Tribunal Supremo. “Esta invitación al diálogo y a la escucha activa incluye también a los colectivos más críticos con la actividad de Ence Pontevedra, a los que volveremos a invitar a reunirse con nosotros, para buscar puntos de encuentro y vías de colaboración, en beneficio de toda la sociedad”, añadió.
Fábrica rodeada de polémica
La polémica rodea a la fábrica desde su instalación en 1958. Parte de los habitantes de Pontevedra, trabajadores y sectores políticos y empresariales viven enfrentados desde entonces con el dilema de si debe prevalecer los más de 400 empleos que genera Ence (aporta el 28% del PIB de la provincia y más de 5.000 familias dependen, directa o indirectamente de la actividad de la factoría) o el supuesto impacto medioambiental que argumentaban los demandantes.
El asunto que ha analizado el Alto Tribunal no tiene nada que ver con una cuestión medioambiental, aunque sí que se ha tenido muy en cuenta para determinar el sentido de la resolución. La cuestión revisada era meramente gubernamental. La autorización para que la planta, privatizada en 2001, siguiera en la ría terminaba en 2018, pero dos años antes, el Ejecutivo de Rajoy, que entonces estaba en funciones, decidió conceder una nueva prórroga hasta 2073, a cambio de un compromiso de inversión de 61 millones de euros para reducir la contaminación y los olores.
Esta decisión, que provocó que el entonces presidente del Gobierno fuera declarado persona 'non grata' en su ciudad, fue recurrida por el Ayuntamiento de Pontevedra y la asociación ecologista Greenpeace ante la Audiencia Nacional, que anuló el plazo de 60 años para la permanencia de la fábrica, al considerar que la planta podía situarse cerca de los ríos o grandes masas de aguas, "pero fuera de dicho demanio costero".
La clave era determinar si la fábrica, "por su naturaleza o configuración", tiene que ubicarse obligatoriamente en el dominio público. La Audiencia Nacional admitió que, de acuerdo a una prueba pericial practicada, la papelera necesitaba estar próxima a recursos hídricos para la evacuación del vertido y que el agua dulce, en un determinado volumen, es "un recurso necesario e imprescindible para el proceso productivo de las plantas de pasta de papel Kraft con blanqueo". No obstante, concluyó que no había una justificación que determinara que Ence debía seguir en la ría de Louzirán.
Informe favorable
Ahora, el Supremo ha dado un vuelco a esta situación y permite que Ence continúe donde está porque la decisión del Gobierno se apoyó en un informe medioambiental que no ponía reparos, tal y como se prevé en la Ley de Costas, que requiere dicha opinión para todo los casos anteriores a su entrada en vigor.
Los magistrados también han tenido en cuenta este requisito para otros asuntos similares. En la reunión de este martes, la Sala ha analizado también otros recursos relativos a la prórroga de concesiones de dominio público marítimo-terrestre pero referentes a viviendas ubicadas en la playa Babilonia en Guadarmar del Segura (Alicante). En este caso, el Supremo ha confirmado la decisión de la Administración, apoyada por la Audiencia Nacional, de denegar la prórroga porque los informes medioambientales eran desfavorables.