Transportes paga hasta un 8% de interés por el retraso de años en calcular el rescate de autopistas
La tasa aplica en la compensación por la reversión de la circunvalación de Alicante en 2018
La factura del rescate de las concesionarias de autopistas liquidadas durante la crisis financiera sigue engordando por la vía de los intereses. El Estado debe abonar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) a los titulares de esa garantía, junto a la suma de un considerable coste financiero. En el caso de la concesionaria Ciralsa (circunvalación de Alicante), ese interés es del 8% sobre una RPA inicial de 306,9 millones y por más de cuatro años de retraso en la fijación de la cifra.
Este último plazo es el que va desde dos meses después de la resolución del contrato de concesión por parte del Consejo de Ministros (20 de julio de 2018) hasta la aprobación, también en Consejo de Ministros, de la RPA en primera resolución para liquidar el contrato, lo que sucedió el 27 de diciembre de 2022. El tipo de interés, expuso en el BOE este 27 de enero la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas, “será el que corresponde en aplicación del artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales”. Esto es, en estos momentos, nada menos que un 8%.
El Ministerio de Transportes tiene un plazo de dos meses para abonar los 306 millones de primera resolución de RPA. Y seis meses para realizar la liquidación complementaria en el caso de Ciralsa, con la resolución de situaciones pendientes, como pueda ser el pago de expropiaciones. Para ello se retuvieron 13,9 millones. Si se incumple el periodo habilitado para saldar la deuda, comenzarán a correr intereses de demora de nuevo por un 8%.
La ‘RPA’ por la concesionaria Ciralsa alcanzó un primer pago de 306 millones
La Responsabilidad Patrimonial de la Administración busca compensar básicamente el coste de las expropiaciones y la inversión en obras acometidas por las concesionarias. En la mayor parte de los casos esta garantía fue pignorada por las constructoras ante la banca para levantar la financiación necesaria para ejecutar las autopistas. De los bancos pasó a fondos que compraron las posiciones acreedoras con fuerte descuento cuando las concesionarias fueron a concurso de acreedores, liquidación y la consiguiente reversión al Estado. Unas fueron a pique por sobrecostes en las expropiaciones y otras lo hicieron por la caída del tráfico durante la crisis.
Las autopistas afectadas fueron las radiales de Madrid R-2, R-3, R-4 y R-5; la M-12 que conecta la capital con el aeropuerto de Madrid-Barajas; la AP-41 Madrid-Toledo; la AP-36 entre Ocaña y La Roda; la autopista Cartagena-Vera, y la circunvalación de Alicante. En total, nueve autopistas de peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt) desde 2018.
Corría el 21 de diciembre de 2021 cuando el Consejo de Ministros autorizó la modificación de los límites de gasto, con cargo a ejercicios futuros, para que la Dirección General de Carreteras afrontara con 560 millones la primera resolución para la liquidación de la RPA de la AP-36, M-12, AP-41 y las radiales R-4, R-3 y R-5. Desde entonces, continúan los pagos y suben los intereses.
Expropiaciones por liquidar
Cálculo de la compensación. La RPA total reconocida a la circunvalación de Alicante fue de 320, 8 millones, de los que 276 millones corresponden a obras y 77,8 millones, a expropiaciones. El Ministerio de Transportes descontó 18 millones para la puesta al día de la conservación de la carretera y otros 15 millones que fueron pagados a los expropiados por la Administración.
Saldos pendientes. En el caso de Ciralsa están por publicarse la resolución complementaria y la definitiva, que deben determinarse en intervalos de seis meses para rematar expropiaciones pendientes. Para ello, el Ministerio retuvo 18,9 millones de la RPA total. Sobre lo que sea devuelto a los acreedores de la RPA también se aplicará un interés del 8%.
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