Los letrados de Justicia del Supremo se suman a la huelga y agravan su colapso
El colectivo comenzó el pasado 24 de enero un paro indefinido para reclamar la adecuación salarial a sus funciones
Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) llevan una semana de huelga indefinida, lo que está suponiendo la cancelación de miles de vistas judiciales y el bloqueo de más de 30 millones de euros diarios de las cuentas y depósitos de consignaciones que dejan de gestionarse. Ayer, un importante sector de este colectivo de funcionarios anunciaron que secundaban las protestas que se dirigen contra el Ministerio de Justicia: los secretarios judiciales (como también se les conoce por su anterior denominación) del Tribunal Supremo, lo que podría agravar la situación de colapso que atraviesa el máximo órgano judicial español por la imposibilidad de cubrir la veintena de plazas vacantes de magistrados ante la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El Alto Tribunal ha denunciado en varias ocasiones que la limitación legal que prohíbe al órgano de gobierno de los jueces a hacer nombramientos en la cúpula judicial mientras esté en funciones -situación que lleva desde diciembre de 2018- está provocando el retraso en la tramitación de los asuntos, así como el dictado de más de 1.200 sentencias al año.
En este sentido, salas como la de lo Contencioso-Administrativo, que resuelve los recursos contra las decisiones que adopta el Consejo de Ministros, como son las relativas a las medidas para paliar las consecuencias del covid-19; o la de lo Social, que se encarga de revisar asuntos relacionados con medidas laborales, como las impulsadas durante la pandemia, como el teletrabajo o los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), han pedido auxilio por el aumento de la carga de trabajo y los pocos recursos con los que cuentan.
El pasado 18 de enero, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo pidió al CGPJ que inste al Congreso y al Senado dar una solución "inmediata" a la "situación insostenible" y "crítica" en la que se encuentra el órgano por el 30% de vacantes. Así, mientras las Cortes reinician negociaciones para desbloquear el CGPJ, solicitaron que se aprueben plazas de letrados para el Gabinete Técnico con el objetivo de refozar las fases de decisión de sentencias y ayuden a elaborar los borradores de las resoluciones que marcan jurisprudencia.
La mayoría secunda la huelga
Según destacan fuentes jurídicas consultadas, los letrados de la Administración de Justicia son una figura clave en todos los juzgados y tribunales, ya que gestionan la tramitación de los asuntos que reciben los órganos judiciales y prestan un gran apoyo a los jueces y magistrados. Lo mismo ocurre en el Tribunal Supremo y, según se indican desde las asociaciones de LAJ que han convocado la huelga, de los 22 letrados que hay en el Tribunal Supremo, 17 han decidido secundar la huelga.
En un comunicado emitido este martes, los letrados del Supremo afirmaron que "la situación actual de la Administración de Justicia en general", y la del colectivo en particular, "son el fruto de la falta de proyecto sobre la materia por parte del actual equipo ministerial". Así, piden a la "propia ministra", Pilar Llop, o al Gobierno que "asuma el timón y promueva una negociación sincera y directa con las asociaciones" del colectivo en huelga, que reclaman un aumento de su salario conforme a las nuevas funciones que se le han atribuido.
Por otro lado, los secretarios judiciales del Tribunal Supremo califican de "significativa" la respuesta que el director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, ha dado a la misiva que el comité de huelga envió unos días antes de iniciar la protesta indefinida al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para pedir su intervención y "alertar de la gravedad y extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados de todo el país, salvo los servicios esenciales".
Los LAJ informaron este martes que el Gobierno remitió un escrito en el que, según destacaron, señaló que el Gabinete de Sánchez era "muy consciente de la inestimable labor" que realiza este cuerpo de funcionarios "para garantizar el funcionamiento del servicio público de Justicia" y que espera que las "negociaciones puedan concluir en un acuerdo razonable y satisfactorio".
