La Seguridad Social pone a disposición de las demás administraciones un millar de inmuebles

El Consejo de Ministros aprueba la modificación de la ley de patrimonio del sistema para simplificar y facilitar la cesión de uso de los activos.

El ministro de Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis Escrivá.
El ministro de Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis Escrivá. EL PAIS

Un millar de edificios, solares, locales, fincas rústicas o incluso naves que pertenecen a la Seguridad Social y que no tenían uso alguno ya están a disposición de las administraciones. El Consejo de Ministros aprobó este martes la modificación del Real Decreto sobre el patrimonio de la Seguridad Social, que simplifica y facilita la adscripción, cesión y enajenación de inmuebles que no están siendo utilizados por ninguna de las entidades gestoras y servicios comunes del sistema.

Según la auditoría interna elaborada por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), 1.028 inmuebles, según informa Servimedia.

"Esto genera gasto público para su mantenimiento (vigilancia, reparaciones, tributos...), además de que, en algunos casos, se trata de edificaciones en el centro de las ciudades que, por su estado de infrautilización, no sólo no prestan servicios públicos a la ciudadanía, sino que además
deterioran el entorno urbano", explicó el Ministerio de Seguridad Social.

Para contribuir a remediar esta situación, y a la vez velar por el patrimonio de la Seguridad Social, el Gobierno ha realizado ya cambios en la Ley General de la Seguridad Social (introducidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023), que se desarrollan ahora con la reforma
del Real Decreto de patrimonio.

La nueva normativa amplía la adscripción de bienes inmuebles de la TGSS, hasta ahora sólo prevista para las entidades que forman parte de la Seguridad Social, a otras administraciones públicas o a entidades de derecho público, sin perder la titularidad de estos. Así, se reducen
los plazos de tramitación, porque se podrán acordar las adscripciones de forma directa, sin necesidad de acudir al procedimiento -más largo- de cesión de uso.

En todo caso, también se agilizan los procedimientos en el caso de la cesión de uso, al fijar el plazo máximo para la tramitación en 90 días y al mejorar y precisar la regulación sobre los inmuebles que son susceptibles de cesión, los potenciales beneficiarios de la misma, su
finalidad y el sistema de extinción y revocación de la cesión. Las administraciones o entidades a las que sean adscritos o cedidos los inmuebles tendrán que garantizar su empleo en fines de utilidad pública.

En materia de enajenación de inmuebles, se homologa la regulación a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, menos restrictiva que la que existía para la Seguridad Social. Así, en línea con la ley de patrimonio, se incrementa el número de supuestos en los que se puede
acudir a la adjudicación directa y se flexibiliza el procedimiento a seguir en caso de subasta pública, permitiendo reducir el tipo de licitación en subastas sucesivas.

El nuevo Real Decreto dispone, además, la elaboración de un plan de optimización del patrimonio de la Seguridad Social que evalúe las necesidades presentes y futuras de las entidades del sistema en materia de edificios e inmuebles y defina si los que no sean necesarios son susceptibles de cesión o enajenación.

También analizará las inversiones necesarias para la mejora y mantenimiento del patrimonio, la revisión de los gastos en los que se incurre para su control y reducción, el seguimiento de los procesos de adscripción y cesión y las actuaciones en materia de supervisión e inspección para certificar el uso correcto de los inmuebles adscritos o cedidos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, destacó la importancia de que "lo que es de todos pueda ser disfrutado por todos".

Normas
Entra en El País para participar