Medidas sociales sensatas y útiles que superan el marketing político

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció el martes para hacer su tradicional balance del año. Aprovechó el líder socialista para poner en valor las medidas sociales planteadas por el Ejecutivo con el fin de paliar los efectos de la guerra de Ucrania, que se desencadenó en el mes de febrero casi sin tiempo para cantar victoria tras aflojar su yugo la pandemia. Acertó Sánchez en comenzar su intervención sacando pecho por el tope al gas, al final asumido –con matices– por la Unión Europea (UE) como fórmula para atenuar los precios de la energía y combatir la inflación. “España ha defendido la intervención de un mercado energético que no estaba funcionando. El tiempo nos ha dado la razón”, subrayó. Un logro en el que mucho tiene que ver la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al principio muy cuestionada por la medida y reivindicada después en las instancias comunitarias.

El jefe del Ejecutivo también incidió en la velocidad de crucero alcanzada por la economía española en 2022, con un crecimiento del PIB que cifró por encima del 5% en el ejercicio que ahora termina, y limitó en 2023, año para el que se limitó a augurar un saldo positivo, “aunque leve”. La realidad aquí, en cambio, es menos generosa con Sánchez, que prefirió obviar que España aún no ha recuperado los niveles de producción anteriores al Covid, un umbral que ya han dejado atrás nuestros socios comunitarios. El lustro perdido de la economía española no debería alentar reflexiones demasiado triunfalistas.

A partir de ahí, las nuevas medidas tienen sentido y encierran cierta contención, pese a las presiones de Podemos para ir un paso más allá. La eliminación del descuento general para los carburantes es sensata, pasado el momento de mayor tensión de los precios y ante la dificultad de adecuarla a los diferentes niveles de renta. El Ministerio de Asuntos Económicos empujaba desde hacía semanas para cerrar ese ajuste, consciente de su impacto recaudatorio. El cheque para familias, sobre todo pensado para compensar el impacto inflacionista en los alimentos, evita al menos el efecto distorsionador que hubiera supuesto la implementación de un impuesto a la facturación de las grandes superficies, como pretendían los socios de la coalición de gobierno. El movimiento, incluso, hubiera provocado una indeseada demonización de otro sector empresarial, con banca y eléctricas ya señalados. Las rebajas del IVA, se entiende que con el plácet de Bruselas, y la congelación seis meses de los alquileres completan una batería de disposiciones que, más allá del marketing político de rigor, ayudarán a los más vulnerables. Lo que toca.