Las industrias que reciban ayudas deberán mantener su actividad al menos cinco años
En el caso de las pymes, la obligación será de tres años
La reforma de ley de Industria vendrá con novedades de relevancia. El Gobierno ha aprobado este lunes, precisamente, en Consejo de Ministros el anteproyecto de lo que será la nueva norma para el sector, que sustituirá a una legislación vigente desde 1992 y con la que busca impulsar el proceso de reindustrialización del país para situarla "a la vanguardia del siglo XXI", según indicó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto en la rueda de prensa posterior.
En concreto, esta nueva ley de Industria busca blindar el empleo en el sector, estableciendo que las empresas beneficiarias de ayudas públicas deberán mantener la actividad productiva, al menos durante cinco años, o tres años en el caso de las pymes.
Igualmente, recoge un capítulo especial en la ordenación de los procesos de reindustrialización, en el que se establece la obligación de la empresa, en determinadas circunstancias, de anticipar un cierre o la reducción de actividad que involucre una importante reducción de empleo.
Mesa de reindustrialización
Para ello, fija que deben explorarse fórmulas para la prevención, corrección o mitigación de los efectos asociados y se dota a los diferentes actores implicados de un plazo para buscar una solución a través de una Mesa de Reindustrialización donde intervendrá la Administración General del Estado.
Asimismo, también aborda la promoción industrial, la mejora de la competitividad, la adaptación a la neutralidad climática, la autonomía estratégica industrial, el impulso de los ecosistemas industriales y los proyectos de interés general, y la seguridad y calidad industrial.
Además, la normativa busca favorecer la atracción de inversiones en sectores estratégicos y en sectores afectados por el reto demográfico a través promoción de un entorno favorable e impulsando proyectos tractores y de interés general.
Tras el Consejo de Ministros, Maroto señaló que esta futura ley "es un compromiso del Gobierno" para dar respuesta a la urgente necesidad de potenciar la autonomía industrial del país y destacó que "refuerza el papel de la industria, fortalece la soberanía estratégica industrial y adopta nuevos instrumentos de política industrial necesarios mejorar su competitividad".
El objetivo es hacer de la industria "un sector líder en innovación, sostenibilidad y digitalización" y esta ley "involucra a administraciones públicas, agentes y fuerzas políticas ante la urgente necesidad de potenciar la industria en el país", añadió Maroto.
La titular de Industria añadió que el objetivo es "agilizar" los trámites todo lo posible para que esta nueva ley sea aprobada en segunda ronda "lo antes posible" y se pueda "complementar" con el Pacto por la Industria.
Industria electrointensiva
La ley incorpora medidas para la protección e impulso de la competitividad industrial y reconoce, por primera vez, la especial protección a la industria electrointensiva en energía e incorpora medidas de acompañamiento para favorecer su descarbonización.
Según indicó el Ministerio posteriormente, se consideran dentro del ámbito de aplicación de la ley las industrias manufactureras y actividades industriales dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, el aprovechamiento de subproductos y el tratamiento de residuos.
También los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica, así como actividades de digitalización, utilización y manejo de la información, su interoperabilidad y protección, que estén relacionados con la actividad industrial.
Consejo estatal
La nueva ley también buscará reforzar la estructura de gobernanza con la creación del Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a la industria para favorecer su crecimiento, resiliencia y competitividad.
Además, se elaborará la Estrategia Española para el Impulso Industrial 2030 que será el documento que contendrá las líneas generales y las directrices básicas de la política industrial española y el Plan Estatal de Impulso Industrial.
Por otra parte, la ley regula por primera vez los proyectos industriales de interés general como aquellos que cumplan al menos dos de las tres condiciones siguientes: significativo volumen de inversión y empleo indefinido, proyectos dentro de ecosistemas industriales definidos o que pertenezcan a sectores considerados estratégicos por el Consejo de Seguridad Nacional, o alineados con los objetivos industriales de la UE e integrados en los mecanismos de financiación europea.
También se presta una especial atención a los programas de internacionalización que tengan como finalidad la introducción o la consolidación de las empresas industriales españolas en un ámbito internacional.
Asimismo, se podrán establecer bancos de pruebas regulatorios y de apoyo en los que se desarrollen proyectos piloto con el fin de facilitar la investigación e innovación. La ley introduce la figura de la refinanciación de préstamos para facilitar la devolución de los préstamos concedidos a las empresas en programas nacionales de ayudas públicas.
Seguridad industrial
Por otra parte, se define a las industrias estratégicas, ligando el catálogo de recursos y capacidades recogidas en la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi) con la declaración de proyectos de interés general.
También se recoge un apartado de seguridad industrial que tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o del funcionamiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso, almacenamiento o desecho de los productos industriales.
De esta manera, las instalaciones, equipos y productos industriales, así como su utilización y funcionamiento deberán ajustarse a los requisitos reglamentarios de seguridad. En caso de riesgo grave e inminente, la administración competente podrá acordar la paralización temporal, total o parcial, de la actividad o instalación causante del riesgo, requiriendo a los responsables para que corrijan las deficiencias o ajusten su funcionamiento a las normas reguladoras.
Además, se regula un Registro Integrado Industrial, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para integrar la información sobre la actividad industrial, y elaborar estadísticas a nivel nacional.
Multas de hasta 100 millones
Por otra parte, la ley detalla un régimen de sanciones e infracciones, que van desde muy graves a graves o leves. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves, a contar desde su total consumación.
Las infracciones serán sancionadas desde leves, con multas de hasta 60.000 euros; a graves, con multas de hasta 6 millones de euros, y muy graves, con multas de hasta 100 millones de euros.
