Un marco fiscal uniforme que optimice la eliminación de los residuos

Entre las medidas tributarias que contempla la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular figura la implantación de una fiscalidad común para la eliminación de residuos, una actividad gravada de forma heterogénea en algunas comunidades autónomas y no gravada en absoluto en otras. La ley pretende así homogeneizar el tratamiento fiscal en todo el territorio nacional y acabar con el denominado turismo de residuos, es decir, con el traslado de basura y desperdicios desde el propio territorio a otros que gravan más ventajosamente la eliminación de desechos o que no imponen tasa alguna sobre esa actividad.

A día de hoy, en España solo nueve comunidades exigen algún tipo de canon o impuesto sobre el depósito de materiales en vertederos o sobre la incineración. El nuevo impuesto, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, será de carácter estatal y sustituirá a todos los establecidos en las diferentes regiones. Como fórmula para compensar a los Gobiernos autonómicos que hasta ahora mantenían su propio gravamen, la ley prevé que se ceda la recaudación del impuesto, sobre el que también tendrán competencias de gestión y capacidad normativa.

Aunque no se trata de la única actividad económica cuya tributación varía en función de uno u otro territorio, el turismo de residuos genera problemas que van más allá de la pérdida de la posible recaudación, ya que provoca la acumulación de desechos en municipios y localidades que en muchas ocasiones no tienen capacidad suficiente para gestionarlos. Mientras en algunas comunidades autónomas trasladar una tonelada de residuos hasta un vertedero puede suponer pagar más de 80 euros, en otras la factura sale por unos 20, lo que explica, aunque en ningún modo justifique, la práctica fiscal irregular que ha crecido a lo largo de los años en torno a esta actividad.

España cuenta con más de 70 impuestos gestionados por las comunidades autónomas, buena parte de los cuales son de carácter medioambiental y afectan a muy diferentes áreas. La entrada en vigor de la Ley de residuos ayudará a reducir esa maraña y a poner algo más de orden en la jungla fiscal autonómica, aunque no resolverá un problema de heterogeneidad e ineficiencia fiscal entre regiones que exige una reforma profunda, así como la adopción de un nuevo modelo de financiación autonómica. La homogeneización del impuesto sobre los residuos puede ser, en ese sentido, un primer paso para optimizar y clarificar el marco fiscal autonómico.