Retrasar el tributo sobre los plásticos como excepción en un entorno de crisis

La entrada en vigor el 1 de enero del impuesto que gravará los envases de plástico no reutilizables ha puesto en pie de guerra a las patronales de los sectores que integran la industria del gran consumo, como el alimentario, el de supermercados y grandes superficies, distribución o comercio textil. Los empresarios, muy críticos con el tributo, que consideran recaudatorio, reclaman al Gobierno una moratoria de un año antes de su entrada en vigor, en atención a las actuales circunstancias económicas y en línea con la decisión que ha adoptado Italia, cuyo Ejecutivo ha aplazado su aplicación. Con el nuevo impuesto, que gravará con 45 céntimos cada kilo de plástico de un solo uso, el Estado aspira a recaudar 456 millones de euros el año próximo. Las empresas, por su parte, señalan que tendrá un impacto directo en sus costes de 690 millones, lo que repercutirá en la competitividad y la inversión de las compañías, especialmente de las pymes.

La redacción del impuesto, regulado en la Ley de residuos y suelos contaminados, ha generado más de una duda de técnica fiscal. La norma señala como sujeto pasivo al fabricante de envases de plástico no reutilizables, pero también al importador y comprador intracomunitario de estos productos, lo que extiende su aplicación a un amplio horizonte de empresas de muy diversos sectores. El texto impone a todas ellas una serie de obligaciones de gestión relacionadas con el impuesto que agravarán considerablemente la carga administrativa de las compañías, especialmente de las más pequeñas, un extremo que han señalado distintos expertos en derecho fiscal. También hay interrogantes sobre su aplicación práctica, como el que se refiere al deber de las empresas de obtener de sus proveedores extranjeros información sobre la naturaleza del plástico de sus envases, embalajes y peso, un extremo que la asociación española de asesores fiscales ha criticado recientemente por considerar que existe un vacío legal que imposibilita el cumplir esa obligación.

Junto a esos interrogantes objetivos sobre la técnica del impuesto, que probablemente generarán un aluvión de consultas administrativas, la actual coyuntura económica, altamente inflacionaria y teñida de incertidumbre, constituye un argumento razonable para atender la petición de las patronales y retrasar la entrada en vigor de la norma, parte de cuyo coste acabará repercutiendo en el precio al consumidor. Pero ese aplazamiento no debe entenderse en ningún caso como una relajación del deber de acatar las normas medioambientales que España debe trasponer como parte del acervo comunitario y que resultan fundamentales para construir una economía que aspira a ser cada vez más eficiente y sostenible.