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Sareb se salta la revisión anual de su plan de negocio y la pospone a 2023

Tampoco ha presentado las cuentas semestrales. El retraso se debe a la conversión en empresa pública y el nuevo objetivo de vivienda social

Javier Torres, presidente de Sareb.
Javier Torres, presidente de Sareb.
Alfonso Simón Ruiz

Sareb no ha aprobado este año, ni lo va a hacer, la revisión anual habitual de su plan de negocio. La empresa pública, de la que el FROB (autoridad de resolución ejecutiva dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos) es máximo accionista desde abril, ha decidido posponer esa actualización en la que debe poner a punto los objetivos de actividad y amortización de deuda. La entidad tampoco ha presentado las cuentas semestrales, cuando habitualmente la fecha elegida es septiembre.

Tradicionalmente, el consejo de administración de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha venido aprobando su actualización del negocio en febrero. Pero el vuelco accionarial ha hecho que los meses pasen sin su ratificación en el máximo órgano de gobierno.

El Gobierno aprobó a principio de año un cambio legal para poder elevar su participación en Sareb por encima del 50% y tomar el control de la sociedad, una decisión que responde a la modificación en la consideración estadística por parte de Eurostat, que implica que las pérdidas del conocido como banco malo hayan pasado a computar como deuda pública.

De esa forma, el Estado tomó el control de Sareb en abril después de que el FROB alcanzara una participación del 50,14% tras comprar un 4,24% a accionistas privados. En ese momento, sustituyó a Javier García del Río por Javier Torres como presidente, quien hasta ese momento era consejero en representación del fondo público. Igualmente, eligió internamente a Leopoldo Puig como consejero delegado.

La empresa pública reconoce que se ha decidido retrasar a 2023 la aprobación de la revisión del plan de negocio. El primer motivo que destaca la entidad para posponerlo es, precisamente, el cambio accionarial y en el consejo de administración (donde todos los consejeros privados salieron, por ejemplo, Javier García Carranza, en presentación del Santander), lo que ha conllevado retrasos comprensibles.

También esgrime como causa la aprobación del Real Decreto Ley 1/2022, de enero, que modificaba la norma de creación de Sareb de 2012.

En esta nueva legislación la posibilidad de enajenación de activos en base al principio general de sostenibilidad. De este modo, Sareb puede ceder la propiedad o uso de activos a otros organismos que desarrollen políticas de vivienda social u otras políticas con alto valor social. Por tanto, la compañía está adaptando la estrategia para incorporar ese nuevo objetivo de vivienda social, una petición recurrente del socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, respecto a las políticas de la entidad.

En cualquier caso, Sareb insiste en que la revisión del plan de negocio será “continuista” respecto a años anteriores, excepto en la parte de la vivienda social.

Respecto al retraso en la presentación de resultados del primer semestre del año –que incluya la actividad, pérdidas y amortización de deuda–, el banco malo asegura que se presentarán en los próximos días.

Pérdidas de 1.626 millones en 2021

En los últimos resultados conocidos, los de 2021, la compañía pública obtuvo unos ingresos de 2.184 millones de euros, un 54% más que el año anterior y cerca del importe registrado en 2019. Ese negocio, permitió a su vez volver a la senda de cancelación de deuda avalada por el Estado, concretamente en 1.250 millones.

Sareb perdió 1.626 millones, un 51% más que el año anterior. Esto se debe a que desde 2020 la compañía puede vender los activos que en su balance tienen un importe mayor de lo que realmente valen a precio de mercado, por lo que la entidad tiene que apuntarse esas minusvalías como pérdidas.

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Sobre la firma

Alfonso Simón Ruiz
Graduado en Economía y máster de Periodismo UAM / EL País. En Cinco Días desde 2007. Redactor especializado en información empresarial, especialmente sobre el mercado inmobiliario, operaciones urbanísticas y, también, sobre la industria farmacéutica y compañías sanitarias.

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