El fiasco del tope del gas no debe romper la estrategia energética común de la UE
El polémico diseño del tope al gas presentado el martes por Bruselas ha originado una tormenta de protestas por parte de los socios comunitarios, descontentos ante el contenido de una propuesta que no satisface ni a unos ni a otros. Mientras buena parte de los Estados miembros, entre ellos España, se quejan de que el tope de emergencia de Bruselas –275 euros por megavatio– es demasiado alto y resultará inoperante en la práctica, Alemania y Países Bajos consideran que la medida puede poner en peligro el suministro. La reunión extraordinaria de los ministros de energía de la UE, en la que ayer se debatió la propuesta, evidenció la fuerte división entre ambos bloques, sus efectos sobre la estrategia energética común y los inútiles intentos de la Comisión Europea por conciliar argumentos inconciliables.
Los 275 euros del tope propuesto por Bruselas no solo constituyen un techo demasiado alto en el contexto del mercado europeo – el gas superó esa marca únicamente cuatro días en la crisis–, sino que el límite solo entrará en vigor en caso de que los precios superen ese precio durante dos semanas y, además, se mantengan durante 10 días al menos 58 euros por encima de los precios internacionales de referencia para el gas natural licuado (GNL), lo que convierte la medida prácticamente en un ejercicio de teoría. Pese a ello, existe un riesgo, y de ahí el rechazo de Alemania y los Países Bajos, de que la aprobación de un tope claramente menor pueda distorsionar los flujos del mercado y poner en peligro un suministro cuya garantía es un requisito incuestionable de cualquier debate en esta crisis. La respuesta de Bruselas a estos últimos temores ha sido aclarar que el tope “no se activará salvo si es realmente necesario”, lo que supone un certificado de defunción para la utilidad de la propuesta.
La solución presentada por Bruselas parece un gesto político torpe y escasamente calculado en lugar de un intento de solución efectiva para responder a la crisis energética, que es difícil de controlar y cuya raíz más profunda está en la escasa voluntad que ha mostrado Europa a lo largo de los años para construir un modelo energético independiente y eficaz. Más allá de que la respuesta de la Comisión sea técnicamente deficitaria y deba repensarse, el debate que ha abierto entre los Veintisiete no debería poner en peligro la unidad y el consenso que la UE necesita para tomar otras decisiones energéticas clave, como la adopción de mecanismos para controlar la volatilidad en los mercados mayoristas de gas y luz o la compra conjunta de gas para abastecer los almacenes estratégicos, cuyo futuro está, de momento, en el aire.