Un pactista que supo gestionar un cataclismo empresarial
La pandemia mundial de Covid estalló en la primera parte del mandato de Garamendi al frente de CEOE, lo que le obligó a resolver una crisis económica sin precedentes
Antonio Garamendi (Getxo, Bizkaia, 1958) está tranquilo y confía en que seguirá dirigiendo a los empresarios españoles desde su despacho de Diego de León, 50 en Madrid, durante los próximos cuatro años. Por todos los apoyos recibidos desde que confirmó hace dos meses que se presentaría a la reelección, está convencido de que ganará las elecciones del próximo miércoles en CEOE. Es tenaz y así lo ha demostrado siendo el único dirigente de la gran patronal que accedió a la presidencia a la segunda, porque la primera vez que se presentó perdió ante Juan Rosell.
Quizás por haberle costado más, accedió especialmente ilusionado a la presidencia de CEOE, el 21 de noviembre de 2018. Entre las primeras decisiones que anunció en su intervención tras ser proclamado presidente (no hubo candidato alternativo) estuvo aumentar la presencia femenina en su equipo de vicepresidentes y advertir al Gobierno de que no podía tomar decisiones económicas y sin contar con CEOE, como lo había hecho con la subida del salario mínimo.
No sabía entonces Garamendi que apenas tendría poco más de un año para desplegar su programa de acción con el que accedió a la presidencia porque en marzo de 2020 estalló la pandemia mundial de Covid, lo que puso a prueba su capacidad de gestión ante una crisis económica y empresarial sin precedentes (en apenas quince días se destruyeron casi un millón de empleos temporales). Sin embargo, este vasco afable y cercano pero firme, supo gestionar el cataclismo empresarial que se avecinaba con un país cerrado a cal y canto en sus casas. Así lo consideró la mayoría de la clase empresarial y ese será probablemente uno de los principales valores que le hagan ser reelegido en el cargo.
De él dicen que gana en las distancias cortas (y es verdad) y sacó provecho de eso pactando casi una decena de acuerdos con el Gobierno –con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz a la cabeza– y los sindicatos. Especialmente relevante fueron el diseño de los ERTE, que salvaron 3,8 millones de empleos y medio millón de empresas; y la reforma laboral, que Garamendi respaldó como un mal menor, satisfecho de haber frenado daños mayores al empresariado.
Sin embargo, esto no se entendió así por una parte de sus colegas que le colgaron la etiqueta de pactista, lo que le obligó a plantarse en la negociación salarial del acuerdo de convenios en plena crisis inflacionista, algo que le estará esperando encima de la mesa de su despacho para el 24 de noviembre, si gana las elecciones.