Incertidumbre económica e impagos, desafíos para las empresas
Las nuevas leyes no están mejorando las cosas, por la dificultad para aplicar las medidas o por generar confusión
Las empresas españolas se enfrentan a un horizonte complejo. Por un lado, la inflación y la acelerada subida de tipos de interés han supuesto un nuevo golpe a la situación financiera de las empresas que, en 2 de cada 10 casos, todavía no se habían recuperado completamente de los efectos negativos de la pandemia. De hecho, el incremento de la inflación por sí solo ya está suponiendo un gran desafío. Según nuestro Informe Europeo de Pagos, el 51% de las compañías españolas reconoce no tener la experiencia necesaria para gestionar correctamente un aumento de la inflación tan significativo, y el 55% afirma que esta problemática está limitando su capacidad para hacer crecer su negocio y aprovechar nuevas oportunidades.
Por otra parte, estas circunstancias han coincidido con la finalización, el pasado mes de junio, de las medidas adoptadas por el Gobierno durante la pandemia para ayudar a las empresas a aliviar el impacto económico de la crisis sanitaria. Entre ellas, la moratoria concursal, que permitía a las compañías en situación de insolvencia no declararse en concurso de acreedores, así como la carencia de dos años que se aplicó a todos los créditos ICO concedidos entre marzo y junio del pasado 2020.
Para tratar de mitigar estas dificultades, en la primavera de este año, el Gobierno español aprobó un plan de choque de 16.000 millones de euros. Este plan, que incluía el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, liderado por los fondos Next Generation de la Unión Europea, supone una buena oportunidad para el desarrollo de muchas de las organizaciones que forman nuestro tejido empresarial, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, hasta el momento, la dificultad para hacer llegar estos fondos a sus destinatarios finales está impidiendo su deseado efecto mitigador.
Todas estas cuestiones están suponiendo un aumento notable de los periodos de cobro, y en última instancia, de los impagos. Según nuestros datos, 8 de cada 10 compañías españolas han recibido en los últimos meses la petición por parte de sus clientes de aceptar plazos de pago más largos. Una circunstancia que, casi en la mitad de los casos, según este mismo informe, está afectando a su negocio de forma negativa.
El retraso en los pagos a proveedores o acreedores es uno de los grandes talones de Aquiles del ciclo del crédito, en el que se basa nuestra economía, y cuando se agrava desencadena consecuencias en todo el tejido empresarial. De forma esquemática: si una empresa no recibe los pagos de sus clientes a tiempo, no contará con recursos suficientes para crecer y generar más empleo; tampoco podrá invertir en innovación ni en la modernización de su infraestructura, por lo que perderá eficiencia y competitividad; y, a medio plazo, tampoco podrá hacer frente a sus pagos y obligaciones financieras, provocando que los acreedores, en muchos casos entidades financieras, dejen de prestar fondos a otras empresas y particulares.
Ante esta problemática, podemos apuntar varias potenciales soluciones. Por un lado, que las empresas españolas pongan mayor empeño en la prevención y gestión efectiva de los cobros, llevando un control exhaustivo de las deudas de los clientes, monitorizando los vencimientos de pago o realizando un seguimiento de los retrasos en las reclamaciones. Por otro, que exista una gestión efectiva del pago a proveedores, manteniendo en orden las facturas, contemplando cada gasto previsto y estableciendo un mayor control en cada operación.
Estas dos cuestiones deberían formar parte de la estrategia de sostenibilidad financiera de cualquier empresa, más si cabe en las pymes, ya que son las más vulnerables ante la falta de liquidez. Existen empresas que ayudan en este propósito, con servicios especializados que facilitan el cobro responsable a las pymes y grandes firmas, aunque nada sustituye a una correcta educación financiera de personas y compañías, que deberían ser parte esencial de toda solución, siendo este un tema que merece un capítulo aparte.
Además, y con esto vamos a la última propuesta de solución ante los impagos, está la mejora de nuestro marco legislativo. La Ley 3/2004 de Lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales, que impone una serie de plazos para la realización de los pagos, o la reciente entrada en vigor de la Ley 18/2022, que, entre otras cuestiones, establece medidas para mejorar la gestión y el control de pagos, limita el acceso a subvenciones públicas a compañías con pagos pendientes o impulsa la creación de un Observatorio de Morosidad Nacional, no parece que estén mejorando la situación. Esto quizás es debido a la dificultad para hacer efectivas algunas de estas medidas o por los excesivos cambios legislativos, que aportan confusión más que soluciones.
La lucha contra los impagos es una cuestión compleja que implica a muchas partes: empresas, particulares, entidades públicas, sector financiero; sin embargo, es necesario que no cesemos en la búsqueda de soluciones para un problema especialmente grave, en medio de un contexto económico como el actual. Es una cuestión que nos afecta a todos, ya que garantizando unos flujos de pago sostenibles entre empresas e individuos mejoraremos el bienestar financiero de todos ellos y, por tanto, también estaremos impulsando el bienestar de la sociedad en general.
José Luis Bellosta Rigo es ‘Managing director’ de Intrum España