Más política que políticas en el impuesto a la banca

Por más que no sea vinculante, y pese a la sutil prosa que gastan los supervisores financieros, la opinión del BCE sobre el impuesto a la banca planteado por el Gobierno desnuda un tributo de concepción mejorable. Las opiniones del supervisor hay que entenderlas como de parte: su responsabilidad pasa por el buen funcionamiento del sector bancario, sin otras consideraciones. Se entiende, así, que el BCE recuerde que ya cuatro ocasiones se ha manifestado en contra de aplicar impuestos a la banca para fines generales. Una enmienda cuyos argumentos bien pueden contraponerse con consideraciones de política económica. Por eso el BCE aconseja un “análisis exahustivo” de pros y contras del impuesto.

Fue un anuncio del presidente del Gobierno en una de las principales citas políticas del año: el debate sobre el Estado de la Nación. Todos los golpes de efecto políticos, y este fue uno de primer orden, tienen efectos económicos, pero unos exigen más cuidado que otros. Los detalles de este tributo se fueron conociendo en días y semanas posteriores.

A nivel técnico, las dudas del BCE son razonadas: se aplica sobre los ingresos, pero precisamente la misma motivación que mueve al legislador a pedir una contribución extraordinaria –el fantasma de la recesión– debería mover a los bancos a dotar provisiones adicionales, que el fisco no tendrá en cuenta a la hora de determinar la carga tributaria. El impuesto, así, pesará más sobre los accionistas de los bancos prudentes que sobre otros que lo sean menos.

El BCE también enmienda la exigencia de que el impuesto no se traslade a precio final, algo que deberán vigilar CNMC y Banco de España. Es esta declaración de buenas intenciones que choca con la realidad: el principal factor que determina el precio es la competencia. Si los bancos tienen capacidad para elevar el margen, lo harán, con impuesto o sin él.

Este año el beneficio de la gran banca rondará los 19.000 millones de euros gracias, entre otras cosas, al alza del euríbor que aprieta a las familias. El Gobierno tiene capacidad para aplicar o modificar impuestos, con la venia de la aritmética parlamentaria y los tribunales. Para eso, entre otras cosas, se le elige. Pero ello no le exime de una mínima rendición de cuentas, y tanto el diseño como la puesta en marcha de este tributo han dejado que desear. Ilustra, finalmente, la gran diferencia que hay entre hacer política y hacer políticas. Nada nuevo en un país en el que los impuestos se han convertido, para unos y otros, una vía para lograr titulares, minutos de prime time o zascas en las redes sociales.