Nueva batalla eléctrica

La CNMC plantea un duro recorte de más de 1.000 millones a Iberdrola

Interpreta, a priori, que los contratos ligados al IPC no son fijos y hay que minorarlos. Solicita información a Iberdrola y Endesa

Sede de la CNMC, en Madrid.
Sede de la CNMC, en Madrid.

Una nueva batalla se cierne entre el sector eléctrico y la CNMC. El organismo regulador ha puesto encima de la mesa sus discrepancias sobre cómo las compañías están aplicando la minoración de ingresos aprobada hace más de un año por el Gobierno para contener los beneficios extraordinarios obtenidos en el pool eléctrico al amparo de las fuertes subidas de los precios del gas natural. Estas diferencias se traducirían, según fuentes del sector, en la devolución de unos 1.000 millones en el caso de Iberdrola. En el de Endesa y Naturgy, las mismas fuentes señalan que les afectaría poco.

En septiembre del año pasado el Gobierno aprobó un polémico real decreto ley (el 17/2021) que establecía “un mecanismo de minoración del exceso de retribución que determinadas instalaciones están percibiendo como consecuencia del funcionamiento marginalista del mercado”. Se consideró exceso de retribución la cobrada cuando el precio del gas superase los 20 euros/MWh. La norma fue corregida poco después, en noviembre, para excluir del recorte los contratos bilaterales intragrupo (los firmados entre la generadora y las comercializadoras del mismo grupo energético), que, según demostraron las empresas, se habían firmado a un precio muy inferior a los del mercado mayorista.

De esta manera, se exceptuaron del recorte todos los contratos a plazo (de un año como mínimo) y a precio fijo. O, lo que es lo mismo, solo quedó afectada la electricidad vendida directamente en el mercado mayorista, cuyo volumen es tan irrelevante que lo que el Gobierno pretendía recaudar por la minoración ha sido prácticamente testimonial. Ya en marzo, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y con el apoyo expreso de la Comisión Europea, el Gobierno de Pedro Sánchez fijó la minoración para cualquier contrato por encima de los 67 euros/MWh.

Tras analizar toda la información sobre los mismos que las empresas remitieron al operador del sistema, REE, y que este envió posteriormente a la CNMC, esta descubrió que una buena parte de los mismos, especialmente en el caso de Iberdrola, contienen una cláusula de revisión ligada al IPC. Por tanto, según la interpretación a priori de la norma que hace el regulador, no se trata de un contrato a precio fijo, sino variable, por lo que estarían sometidos a minoración, que las empresas no han tenido en cuenta en las autoliquidaciones de sus ingresos que hacen con REE. De ahí la cifra millonaria que se calcula habría que devolver por el último año (entre septiembre de 2021 y octubre de este año).

Por el momento, Iberdrola dice haber recibido de la CNMC un requerimiento de información adicional de sus contratos (la compañía suma unos 10 millones). Concretamente, datos “de potencia disponible, volumen de energía y posibles cláusulas que consten causa o fórmula de revisión de precio”. Pero niegan que haya discrepancias de interpretación de la ley o que la CNMC tenga previsto abrir algún expediente.

En general, la CNMC está en proceso de verificar la información “de las declaraciones responsables del primer semestre”, según fuentes del sector, que añaden que “no está claro cómo lo van a interpretar”. A partir de ahí, la CNMC “publicará unas directrices que se someterán a trámite de audiencia entre las afectadas”.

En el caso de Endesa, esta siempre ha recalcado que comercializa más que genera y que tiene coberturas suficientes.

Fuentes empresariales aseguran que la cuestión se ha tratado en más de una sesión en el consejo de la CNMC y que este ha adoptado como criterio provisional, “aún sin formalizar”, que los contratos “con revisión ligada al IPC no tienen consideración de precio fijo” y “no sirve como instrumento de cobertura bendecido por los servicios jurídicos”.

En su defensa, las empresas alegan que se trata de contratos con precios bajos (50 o 60 euros/MWh), que por mucho que se les añada el IPC, incluso el actual, están muy por debajo de los precios del pool (con un máximo de 283,30 euros/MWh en marzo y 127 euros/MWh ya en octubre). En otras palabras, que, de aplicarse la fórmula legal de minoración, tendrían que devolver más dinero del que han ingresado.

En este punto, hay quien considera que se debe corregir la norma, pero esto es una potestad del Gobierno (que utilizaría ese dinero para recortar los cargos de la factura) y, además, no podría modificarse con carácter retroactivo.

 

Minoración y excepción ibérica, las dos caras de la moneda

En septiembre de 2021, a instancias del Ministerio para la Transición Ecológica, y con el objeto de contener los precios eléctricos, el Gobierno aprobó un decreto ley por el que se minoraban los ingresos extraordinarios que las grandes empresas del sector obtenían cuando el gas marcaba el marginal en el pool. Tras una corrección posterior, que dejó fuera del recorte a los contratos bilaterales a plazo y precio fijo, la medida cuajó: las empresas comenzaron a frenar los precios de sus contratos en el mercado libre. “Antes de que se lo llevase el Gobierno, optamos por favorecer al cliente”, señalan fuentes empresariales, aludiendo a que o cobraban el precio del pool y recibían un hachazo o vendían por debajo del precio minorable. En marzo, este se fijó en 67 euros/MWh.

Y si la polémica minoración sirvió para contener los precios libres (no así para recaudar dinero para bajar los peajes, como quería el Gobierno), una segunda medida para evitar beneficios extras de las empresas, la llamada excepción ibérica, ha servido para contener la tarifa regulada (PVPC). Un sistema que, en definitiva, implica una regulación encuberta de los precios, que rige desde junio con vigencia de un año.

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