El Gobierno recortará el beneficio a las eléctricas en los nuevos contratos por encima de 67 euros/MWh
Cambia la ponderación del bono social para ampliar el número de beneficiarios, se compensa con 250 millones los peajes de la industria y se pone tope a la TUR del gas
El Consejo de Ministros aprobó ayer, como estaba previsto, un real decreto ley y “otros instrumentos legislativos y no legislativos” para hacer frente a la escalada de los precios de la energía, agravada tras la guerra de Ucrania. En el ámbito energético, las medidas, presentadas por la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se centran en reducir o contener los precios “para evitar la espiral inflacionista”, lograr una mayor autonomía y una menor volatilidad, apoyar a los consumidores e impulsar la transición energética.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta desveló en cuánto se van a minorar los beneficios que reciben las compañías eléctricas en los nuevos contratos bilaterales a plazo y precio fijo que celebren a partir de ahora: se recortarán todos aquellos que superen los 67 euros/ MWh. Es el beneficio extra que procede, según el Gobierno, de internalizar los altos precios del gas que las empresas incluyen en sus contratos.
Aunque el Gobierno ya aprobó una norma el pasado otoño en esta línea, que seguirá vigente hasta el 30 de junio, tuvo que excluir de la misma los contratos bilaterales y aplicarla solo a las compraventas en el pool. Ahora, el Ejecutivo se considera respaldado por la Comisión Europea, que así lo aconsejaba en su última comunicación, Toolbox II. El RDL aprobado hoy “extiende (aquella) regla de reducción”, según Ribera.
Además de las conocidas prórrogas del recorte del IVA, al 10%; del impuesto de la electricidad, al 0,5%, y la suspensión del impuesto del 7% a la generación, el Gobierno recortará el precio de los carburantes en 20 céntimos por litro (15 con cargo a Presupuestos y otros 5 céntimos a las petroleras, que quedarán eximidas si aplican voluntariamente descuentos superiores a esa cantidad). Todas estas medidas estarán vigentes hasta el 30 de junio, afectan a los consumidores con menos de 10 kW de potencia y suponen un 60% de los impuestos que gravan el recibo y un impacto presupuestario de entre 10.000 y 12.000 millones de euros.
Tras el acuerdo alcanzado con las renovables con régimen retributivo especial (Recore) para adelantar un año la actualización de dicha retribución, se liberan 1.800 millones para recortar los cargos de la parte fija de la factura un 55% en lo que queda de año respecto al nivel de septiembre. Según indica el ministerio en una nota de prensa, a partir del 1 de enero del año que viene dejará de aplicarse el mecanismo de ajuste por la desviación del precio del mercado, incentivando que las instalaciones vendan su producción mediante contratos bilaterales a plazo, lo que “proporcionará liquidez y precios más baratos”, según Ribera. Esta actualización no altera la rentabilidad a la que las plantas tienen derecho durante su vida regulatoria, del 7,4%.
Además de la compensación con fondos públicos del 80% de los peajes a la industria electrointensiva (250 millones de euros), se aumenta la del coste del CO2 para las grandes consumidoras de gas (otros 244 millones), hasta el máximo que permite la UE, y otras ayudas específicas.
Además, el Gobierno vuelve a prorrogar en el próximo trimestre el límite del 5% al alza de la tarifa de último recurso (TUR) del gas, cuyo pago se lamina mediante déficit de tarifa.
Bono social
En cuanto al bono social de la luz, que seguirá ligada a la tarifa regulada o PVPC, se amplía el número de beneficiarios en 600.000, hasta 1,9 millones. Para ello, se cambia la ponderación que da derecho a estos descuentos, que se vuelven a ampliar hasta el 60% y el 70%, según los casos, hasta el 30 de junio y Por otro lado, se aplicará de forma automática a quienes reciben el salario mínimo vital y se tomará como referencia la unidad de convivencia, en lugar de la unidad familiar. Aumenta en 0,3 y 0,5 la ponderación para adultos y niños del Iprem (indicador público de renta) con que se calcula el derecho al bono. Asimismo, se dotará un crédito extraordinario de 228 millones de euros para ampliar el bono social térmico, que gestionan las comunidades autónomas.
El Gobierno ha aprobado, asimismo, un mandato para facilitar las compras conjuntas y los niveles de almacenamiento de gas acordado por la UE (hasta un 80% el próximo invierno y el 90% en años sucesivos). Para evitar que este acopio de gas se traslade, vía peajes, a la factura de los consumidores, se habilitará otro crédito extraordinario para subvencionar a las comercializadoras.
El Gobierno ha ampliado en 7,5 días el volumen de reservas de gas, con existencias mínimas de 27,5 días. La reserva estratégica se mantiene en 20 días, flexibilizándose su uso: las comercializadoras dispondrán de 7,5 días de reservas operativas y el 50% de las estratégicas las podrá acordar Transición Ecológica, cuando hasta ahora el 100% era potestad del Consejo de Ministros.
Bruselas recibirá esta semana la “propuesta ibérica”
Acuerdo. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hizo ayer referencia al acuerdo alcanzado por España y Portugal en el Consejo Europeo del pasado viernes, en que se reconoció la “excepción ibérica”, por las bajas interconexiones y el gran desarrollo de renovables. El acuerdo permitirá a ambos países fijar un precio tope al gas para generar electricidad, que marca el marginal en el mercado mayorista de la luz, por ser la generación de mayor coste, lo que hará bajar los precios del resto de las energías y, por tanto, del pool.
Semanas. Ribera aseguró que esta semana el Gobierno remitirá su propuesta a la Comisión Europea, que podría tardar tres o cuatro semanas en validar. Las discrepancias se centran en el price cap: España lo quiere muy por debajo de 50 euros/MWh. Se trata de un mecanismo temporal, que “no prejuzga el funcionamiento del mercado marginalista europeo, “diseñado en los años 90 para pocos operadores y precios próximos”.
Renovables. En el ámbito de la transición energética, se ha aprobado un procedimiento acelerado para autorizar plantas eólicas de 75 MW o solares de 15 MW, en terrenos con una baja afectación ambiental y que no diste de una línea de evacuación más de 15 kilómetros. Y se reserva un 10% de la capacidad de los nudos de alta tensión (7 GW) para proyectos de autoconsumo.
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