Trabajo endurecerá los requisitos de las cooperativas para evitar fraudes
El departamento de Yolanda Díaz prepara un proyecto de Ley integral de impulso de la economía social y solidaria que aunará en una norma las tres que regulan ahora el sector
Yolanda Díaz es conocida por ser la ministra de Trabajo, pero el nombre de su ministerio incluye una parte de la actividad económica, la economía social, que es menos conocida, pero será objeto de una nueva regulación en los próximos meses. Para ello, el departamento de Díaz ha sacado hoy a consulta pública el texto previo del proyecto de Ley integral de impulso de la economía social y solidaria, que pretende aunar y modernizar bajo una sola norma las tres leyes que ahora regulan el sector: la ley de cooperativas, que data de 1999; la de empresas de inserción (2007); y la de economía social (2011). La ley dotará de un marco de contenidos mínimos, común para todo el Estado, en materia de economía social.
Esta nueva normativa que tras pasar por consulta pública deberá llegar al Consejo de Ministros y ser remitida al Parlamento para su tramitación durante los próximos meses, tendrá repercusiones legales en la formación, actividad y control de las cooperativas.
Concretamente, la futura norma perseguirá convertir esta fórmula empresarial en “entidades de referencia de la economía social”, para lo que Trabajo pretende reformular los “principios y valores” de las cooperativas, “excluyendo de estos principios cualquier uso fraudulento del modelo cooperativo, por lo que se establecerá un marco de certezas para prevenir el intrusismo y la competencia desleal”, indica el texto sometido a consulta pública desde hoy por parte del ministerio de Díaz.
En otras palabras, Trabajo pretende reformular los requisitos de estas entidades para evitar, por ejemplo, los casos de empresas que se conforman en cooperativas para, entre otras cosas, obligar a los trabajadores a convertirse en cooperativistas de forma fraudulenta para evitar la relación laboral asalariada.
Este ha sido el caso de numerosas investigaciones de la Inspección de Trabajo sobre la industria cárnica, que ha utilizado en reiteradas ocasiones la constitución de cooperativas de trabajo asociado para desarrollar su actividad, lo que ha comportado cuantiosas multas a quienes han incurrido en este tipo de fraudes. De hecho, conscientes de este mal uso de las cooperativas de trabajo asociado ha sido el propio convenio del sector cárnico el que recoge un compromiso de reducir su utilización. Esta reforma de los requisitos cooperativistas persigue también facilitar el trabajo de la Inspección en su lucha contra los fraudes en el sector.
La futura norma también incluirá otras novedades en el campo de las cooperativas como el fomento de las conocidas como cooperativas de viviendas en cesión de uso, en las que el cooperativista tiene el derecho de la vivienda durante un amplio número de años, sin los inconvenientes de los alquileres pero sin llegar a tener su propiedad y por tanto, no puede legarla.
Otra novedad de esta futura norma que afectará a las cooperativas tiene que ver con la igualdad, ya que entre sus órganos sociales deberán tener un Comité de igualdad, informan fuentes conocedoras del proyecto.
En cuanto a la regulación de las empresas de inserción, la ley que prepara Trabajo hará otra definición de las entidades que pueden desarrollar estas actividades.
Asimismo, la norma revisará los itinerarios de inserción para que los empleados de estas empresas lleguen a trabajar al resto del mercado laboral. Esto requerirá dos cuestiones. Por un lado, Trabajo baraja la posibilidad de crear bonificaciones a la contratación de trabajadores que procedan de empresas de inserción. Y, en segundo lugar, la nueva regulación deberá precisar algunas cuestiones aprobadas en la última reforma laboral relacionadas con las reglas de encadenamiento de contratos, para que en estas empresas la sustitución de trabajadores no genere puestos fijos al considerarse empleos con componentes formativos.
Dos millones de empleos y el 10% del PIB
Peso. Puede decirse que la economía social es la gran olvidada de la actividad empresarial. Sin embargo, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo mueve el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) español y genera más de dos millones de empleos directos e indirectos.
Entidades. En España existen más de 43.000 sociedades. En concreto, este tejido productivo está formado por cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías de pescadores, asociaciones de discapacidad y fundaciones.
Los más grandes. Entre los grandes grupos empresariales específicos de la economía social están Mondragon, Covirán, Ilunion o Atlantis.
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