El Gobierno tiene el deber de despejar la desconfianza hacia los Presupuestos
La crisis económica que golpea a las economías europeas, un cóctel explosivo compuesto de altas tasas de inflación, elevados precios en la energía, aumento de tipos de interés y una fuerte incertidumbre en materia de riesgos, dificulta de forma objetiva la planificación de las cuentas públicas y su exactitud frente a un escenario en constante cambio. Junto a ese margen razonable de error, el diseño de las partidas presupuestarias puede nacer viciado además por otros defectos, que incluyen desde estimaciones poco afinadas de los objetivos de crecimiento o de las partidas de gastos e ingresos, hasta la omisión de información necesaria para diseñar una política económica realista y capaz de abordar los desafíos del momento.
En los últimos días, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 ha sido objeto ante el Congreso de los Diputados de críticas argumentadas de ambos tipos por parte de responsables de organismos de control y supervisión económica y financiera, como el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la presidenta de la Airef, Cristina Herrero. La exposición realizada ayer por Herrero hace importantes objeciones a unas cuentas públicas que cada vez generan más dudas respecto a su solidez. Entre las críticas realizadas por la Airef, figura la infravaloración de los ingresos de 2022, la falta de información suficiente en términos de contabilidad nacional y de ajustes de esta, la insuficiencia de datos sobre la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y la falta de integración en una estrategia fiscal a medio plazo. A ello hay que sumar la revisión a la baja de los objetivos de crecimiento frente a los sostenidos en el proyecto, que siguen estando por encima de los publicados por la mayoría de los organismos oficiales y servicios de estudio. Por su parte, el presidente del Banco de España recordaba el lunes la importancia de que las cuentas de 2023 no consoliden para el futuro partidas extras de gasto, como las de las pensiones o las del salario de los funcionarios, que podrían lastrar de forma muy seria la vuelta de España a la senda de consolidación fiscal.
Junto a estas observaciones críticas, tanto cualitativas como cuantitativas, la decisión del Gobierno de enviar a Bruselas un Plan Presupuestario para 2023 en el que por primera vez se incluyen dos escenarios –el que se corresponde con el proyecto de ley de Presupuestos y un segundo con cifras más abultadas de gasto– está contribuyendo a generar una inquietud razonable y fundada sobre la solvencia de las cuentas públicas, así como a alimentar una creciente desconfianza hacia la planificación económica del Gobierno que este tiene el deber de corregir y despejar cuanto antes.