Racionalizar los beneficios fiscales para mejorar la eficacia del sistema
EEntre las tareas que el Gobierno debe abordar en el marco de la reforma tributaria comprometida con Bruselas, prevista para el primer trimestre de 2023, pero retrasada por las urgencias derivadas de la crisis, figura acometer una limpieza de la maraña de beneficios fiscales que pueblan el sistema impositivo español. El proyecto de ley de los Presupuestos para 2023 incluye, entre sus objetivos de política tributaria, el análisis de todos estos incentivos para eliminar aquellos que distorsionan la progresividad y la capacidad redistributiva del sistema. El objetivo es sin duda elevar la recaudación fiscal, pero también simplificar la regulación, aumentar la seguridad jurídica y reducir la litigiosidad. Según el proyecto de Presupuestos, la factura total de los beneficios fiscales ascenderá el año que viene a 45.269 millones de euros, casi un 8% más que lo presupuestado en las cuentas de 2022.
No es la primera vez que se pone sobre la mesa la urgencia de revisar, ordenar y racionalizar los incentivos del sistema tributario español, que incluyen deducciones, reducciones, exenciones o tipos especiales aprobados por razones de política económica o social y que permiten recortar la factura real del impuesto frente al tipo nominal. La propia Airef ha insistido en que es necesario analizar el coste oportunidad de estos beneficios en términos recaudatorios, como también revisar que cumplen el objetivo por el que fueron creados. En ese sentido, España necesita afrontar la reordenación de este entramado regulatorio no solo para cumplir los compromisos acordados con Bruselas, sino también para aumentar los ingresos tributarios y retornar poco a poco hacia la senda de la consolidación fiscal, tras una crisis histórica que ha desbaratado el nivel de endeudamiento y desequilibrado el balance de las cuentas públicas.
Esa operación de limpieza y racionalización no puede acometerse desde una óptica meramente recaudatoria, sino desde la oportunidad de avanzar hacia un esquema tributario más simplificado y eficiente, que aumente la equidad, estimule la actividad económica y ayude a las empresas de forma efectiva a invertir y desarrollar su actividad como principal fuente de creación de riqueza del país. Cualquier reforma del sistema fiscal que optimice la capacidad recaudatoria, reduzca las ineficiencias y estimule el crecimiento resulta clave en el marco de un contexto económico cada vez más complejo y fuertemente marcado por la incertidumbre.