Adif debe prevenir el fraude en la obra pública, pero sin obstaculizarla

El enfrentamiento entre las grandes constructoras y Adif en torno a las polémicas cláusulas antifraude de los pliegos de obra pública financiada con fondos europeos se ha resuelto con la decisión del operador de retirar esas salvaguardas y retocar los contratos. La razón del cambio de postura de Adif no es tanto teórica como estratégica y práctica, a la vista de dos resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) en favor de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), y en previsión de que este organismo pueda emitir más. A ello hay que unir el hecho de que los recursos planteados por las constructoras ante el TACRC mantienen paralizados proyectos de obra pública por valor de más de 1.000 millones de euros, el 75% de los cuales están financiados por fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El blindaje anticorrupción que ha tumbado el TEACR, fundamentalmente cláusulas de integridad, lucha contra el fraude y resolución del contrato, se diseñó tras antecedentes como los cárteles destapados por la CNMC en obra ferroviaria entre los años 2002 y 2017. La avalancha de proyectos de obra pública con financiación europea y lo sustancioso de los fondos de recuperación reforzaron la decisión de Adif de elaborar un plan antifraude, del que forman parte las cláusulas impugnadas por las constructoras.

Más allá de que las sanciones de la CNMC por los cárteles han sido recurridas ante la jurisdicción ordinaria y habrá que ver en qué sentido se resuelven las causas, el afán por prevenir conductas fraudulentas no puede plasmarse en términos contractuales que rompan el equilibrio entre las partes, excedan los parámetros razonables de la vigilancia que deben ejercer los operadores públicos sobre las licitaciones y conviertan la contratación en una carrera de obstáculos.

El cambio de postura de Adif y su decisión de modificar los pliegos y ampliar el plazo de ofertas en los concursos bloqueados constituye una respuesta inteligente ante un conflicto enquistado que no beneficia a ninguna de las partes, y perjudica gravemente el ritmo de ejecución de los fondos europeos. Aunque los operadores públicos tienen el deber jurídico de mantener un control de vigilancia adecuado frente a posibles prácticas irregulares, esa prerrogativa nunca debe convertirse en una barrera insalvable para el desarrollo de la actividad empresarial, más aún cuando esta debe ajustarse a un exigente calendario de ejecución de fondos europeos.