Infraestructuras

La construcción frena concursos de Adif por 1.000 millones por las cláusulas antifraude

La CNC eleva a 19 las licitaciones recurridas ante el TACRC desde julio al consideras abusivos los requisitos contra la corrupción en los pliegos

La presidenta de Adif, Marisa Domínguez, con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, durante la visita a una obra.
La presidenta de Adif, Marisa Domínguez, con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, durante la visita a una obra.

La contratación de Adif, principal motor de inversión pública, está en riesgo de colapso en plena ejecución de los fondos europeos para la recuperación de la economía. Las constructoras, a través de la patronal CNC, se han plantado ante los pliegos de los concursos y han recurrido contra una veintena de ellos desde julio.

Las alegaciones están en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y tienen frenados proyectos por un valor total de 1.000 millones. Las cláusulas recurridas, abusivas desde el punto de vista de la patronal, son utilizadas por Adif y Adif Alta Velocidad para evitar prácticas fraudulentas.

La judicialización de estos contratos se produce tras la multa de 203 millones impuesta por la CNMC el 5 de julio contra las seis mayores referencias de la obra civil en España: Acciona Construcción, Dragados (Grupo ACS), FCC Construcción, Ferrovial Construcción, OHLA y Sacyr Construcción.

Las dos cláusulas cuestionadas son la de integridad y lucha contra el fraude, y la de resolución del contrato

Las dos cláusulas cuestionadas son la de integridad y lucha contra el fraude, y la de resolución del contrato. En el primer caso, Adif aplica su plan de medidas antifraude para prevenir, detectar y corregir malas prácticas, corrupción y conflicto de intereses. Cuando las empresas participan en un concurso asumen, por tanto, la obligación de respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva. Se planta cara, de este modo, a artimañas como las ofertas de resguardo, y la asignación, eliminación y rotación de ofertas, entre otras. Infringir esta cláusula es considerado muy grave y puede acarrear una multa de hasta el 10% del precio del contrato por cada incumplimiento, con techo en el 50%, e incluso la suspensión de los trabajos.

En cuanto a la cláusula de resolución del contrato, las empresas deben mantenerse durante todo el periodo de ejecución de una obra en una situación que no les prohíba acceder a la contratación pública. En caso contrario, Adif queda facultada para dar por zanjada la relación contractual.

La CNMC concluyó en julio que representantes de los gigantes de la obra civil se reunieron semanalmente durante 25 años (de 1992 a 2017) para decidir los contratos públicos en que iban a compartir informes técnicos, encargados a terceros, para la elaboración de sus ofertas. Esa resolución va camino de la justicia ordinaria con recursos de cada una de las constructoras en la Audiencia Nacional.

Las compañías, integrantes de la antigua asociación de gigantes G7, argumentan que la carencia de estudios en la documentación facilitada por las Administraciones, necesarios para la ejecución de un contrato, obligaba a las contratistas a completarlos por su cuenta. Compartían el coste de los informes y, según argumentan, cada una los utilizaba de forma independiente y sin acuerdo para presentar ofertas.

Un 75% de los 19 proyectos recurridos están financiados por fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Lucha anticorrupción

Adif lleva años viendo ajustada a derecho su política anticorrupción, con cláusulas calificadas como obligaciones esenciales, y parece poco o nada dispuesta a renunciar a ellas. Para la compañía pública se trata de cerrar puertas a posibles trabas a la competencia y garantizar el correcto uso de los fondos públicos.

Los primeros diez casos entraron en el TACRC en julio, tal y como informó El País. Y desde entonces no han cesado. Las fuentes consultadas comentan que un 75% de los 19 proyectos recurridos están financiados por fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Entre las licitaciones atascadas en el tribunal figuran las obras del primer tramo del acceso ferroviario sur al puerto de Castellón; la mejora integral de infraestructuras del tramo Madrid-Yeles, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla; la primera fase de la ampliación de la red de Cercanías de Madrid hacia Soto del Real; la restauración exterior de la estación Valencia Nord, o el nuevo canal de acceso para la integración de la alta velocidad en Valencia y remodelación de la estación Joaquín Sorolla en esa misma ciudad. Los pliegos incluyen la posibilidad de resolver los contratos ante una declaración sobrevenida de prohibición de contratar.

Las exigencias que la construcción pretende tumbar no son nuevas. Se trata de requisitos que rigen en los contratos de Adif desde 2019, sin que levantaran revuelo alguno hasta este verano. Este escudo anticorrupción tiene su origen en la resolución de la CNMC de marzo de 2019 (S/DC0598/2016), en la que se sancionó a 15 empresas, la mayoría filiales de grandes empresas de la construcción, por “repartirse de forma ilícita los concursos públicos convocados por Adif relacionados con infraestructuras ferroviarias (sistemas de electrificación y electromecánica) para las líneas de tren convencional y alta velocidad”. Las sanciones totalizaron 118 millones de euros y están recurridas ante la Audiencia Nacional.

Temor renovado

Adif ha insistido en utilizar un blindaje en sus contratos a la vista de dos nuevas resoluciones de la CNMC. La primera está fechada el 29 de septiembre de 2021 (S/DC/0614/17) y sancionó un cártel para el reparto de contratos de construcción, suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones de seguridad y comunicaciones ferroviarias. Este habría actuado entre 2002 y 2017. Y la segunda, del pasado 5 de julio (S0021/20), penalizó la alteración de la competencia en licitaciones de obra civil entre 1992 y 2017.

Este nuevo choque entre Adif y las contratistas de obra amenaza con agravar los retrasos en la licitación que ya se daban desde meses atrás en un entorno de alta litigiosidad. Entre los motivos figuraban la inflación en los materiales de construcción y distintas garantías de ejecución que la empresa pública introduce en sus pliegos.

El momento para la disputa, por los requisitos anticorrupción, no puede ser más inoportuno: el Ministerio de Transportes tiene en su mano más de 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation y los mecanismos MRR, y Adif se encarga de ejecutar unos 5.800 millones de esa ayuda europea.

De hecho, el contexto viene marcado por un incremento en el ritmo de licitaciones de la compañía que preside Marisa Domínguez que ya era patente en la primera mitad del año, tal y como resalta un informe de Seopan en el que se aprecia un alza del 48% en el volumen económico total de los concursos (1.969 millones de euros) respecto a los del mismo periodo de 2021 (1.328 millones).

Garantizar la competencia

Reforma. Distintas oficinas antifraude, y partidos como Ciudadanos y Unidas Podemos, han demandado en los últimos años un refuerzo de la CNMC e incluso la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para activar medidas que garanticen el derecho a la competencia.

Prohibición. Una de las medidas que decae con el recurso contra las resoluciones de la CNMC es la prohibición de contratar con la Administración pública a empresas con infracciones graves de falseamiento de la competencia. La pena está contemplada en el artículo 71.1.b) de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), y la CNMC pide la activación a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en casos extremos.

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