Unas cuentas sociales que tendrán que lidiar con riesgos e incertidumbres
El Gobierno presentó ayer un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado cuyas partidas de gasto público baten cifras récord, principalmente en el ámbito social, mientras las de ingresos tendrán que validar su realismo y la exactitud de sus cálculos en el marco de una coyuntura económica jalonada de riesgos. Las cuentas públicas para 2023 son sin discusión las más expansivas de la historia, con un límite de gasto no financiero total que asciende a 198.221 millones de euros, lo que supone un 1,1% más que el año anterior, un ejercicio en el que el montante fue ya elevado. El componente social destaca fuertemente en unos Presupuestos que dedican 6 de cada 10 euros de gasto a partidas destinadas a paliar los efectos de la inflación, del encarecimiento del dinero y de la crisis económica en general sobre las familias y sobre los colectivos con mayores necesidades. La cifra global del gasto social alcanza los 266.719 millones, que llegan a 274.445 millones con la inyección de fondos europeos. El gasto en inversión también aumenta un 33,1% en la partida de inversiones reales, que pasarán de 8.919 millones a 11.867 millones, un incremento que no se había registrado hasta ahora.
España afronta un año electoral, pero la posible recesión y el acoso constante de la inflación, muy ligada al precio de la energía y a la evolución del conflicto bélico en Ucrania, justifican objetivamente unas cuentas públicas expansivas. Bruselas ha suspendido las reglas de disciplina fiscal, el producto interior bruto no ha recuperado el nivel previo a la pandemia y el peso del gasto social es coherente con un Gobierno que ha prometido proteger a los desfavorecidos en un país donde la desigualdad es elevada. Pese a ello, hay decisiones de gasto, especialmente las diseñadas de forma lineal, como es el caso del fuerte incremento aplicado a las pensiones, que podrían haberse estructurado con un pulso quirúrgico dirigido a beneficiar más a las prestaciones más bajas y evitar que la factura ejerza una presión tan alta en la partida de gastos.
El gran reto de las cuentas, al que debe aspirarse en la tramitación parlamentaria, es equilibrar el gasto social con los ingresos de un ejercicio que puede tener un peor desempeño de lo previsto. La previsión de crecimiento supera las sostenidas por otros organismos, como el Banco de España, que puede estrellarse con la realidad de una economía amenazada desde varios frentes. El Gobierno prevé un aumento de ingresos no financieros del 6% en 2023, hasta los 307.445 millones, y un incremento de recaudación fiscal del 7,7%, hasta sumar 263.000 millones, una estimación que se enfrenta al incierto horizonte que afrontan las empresas españolas.