Los Gobiernos deben evitar las zancadillas a los bancos centrales contra la inflación

Deben guardar neutralidad fiscal, porque las subidas pueden ser inflación en vena, y las bajadas ceban la demanda y mantienen la presión sobre precios

No hay estrategia más acertada contra la inflación que endurecer el acceso al crédito y al consumo, aunque nunca viene mal a los bancos centrales que los Gobiernos echen una mano, liberalizando mercados e introduciendo competencia adicional para reanimar la oferta de bienes y servicios y abaratarlos. Pero en esta situación novedosa de inflaciones muy elevadas de manera muy súbita, los administradores públicos han querido mostrar un excesivo activismo que, más que ayudar, perjudica las iniciativas de los bancos centrales. En un deseo bienintencionado, pero desaconsejado en los manuales de economía, los Gobiernos han querido ayudar a la población con inyecciones directas de renta y bajadas de impuestos para paliar el efecto de la inflación, sin reflexionar en que tales programas estimulan la demanda y mantienen la presión sobre los precios. Los responsables monetarios ya han puesto el grito en el cielo, aunque con poco éxito.

En todas las zonas monetarias se hicieron políticas que han terminado estimulando la inflación cuando tras la pandemia ha habido una crisis de oferta y un shock de demanda, fundamentalmente con los tipos en el 0%, la liquidez ilimitada a la banca y la expansión cuantitativa disfrazada de compras masivas de deuda. Pero cuando el rebote inflacionario se ha manifestado con tanta virulencia, los Gobiernos han tomado cartas en el asunto y han empezado a subvencionar el consumo de energía y a complementar rentas, en un ejercicio que pareciera que no tenía efecto sobre los precios. Pero de tal iniciativa se ha pasado a planes de estímulo fiscal más o menos vastos que reequilibran en parte la pérdida de renta que genera la inflación y mantiene los niveles de demanda. El ejemplo del Reino Unido es el más paradigmático, con consecuencias muy graves para los mercados de deuda y de divisas, porque los inversores descuentan mayores tasas de inflación y tipos más elevados para combatirla.

En la zona euro, la propia presidenta del BCE ha advertido a los Gobiernos de que no neutralicen con tales iniciativas sus herramientas contra la inflación, aunque el seguimiento de la indicación no parece que surta efecto. En España la batalla fiscal ha terminado traduciéndose en una deflactación parcial de la tarifa del IRPF, que es en términos recaudatorios y de renta neutra, pero amenaza con seguir con bajadas de impuestos a determinadas rentas, y subidas a otras, sean de particulares o empresas. La obligación de los Gobiernos es guardar neutralidad fiscal porque las subidas pueden ser inflación en vena, especialmente si se trata de impuestos indirectos, y las bajadas ceban la demanda y mantienen la presión sobre precios. Y en caso de tomar iniciativa, liberalizar mercados e introducir competencia.