La venta de unidades productivas como solución para la continuidad del negocio

Buscar la satisfacción de los acreedores y mantener el empleo deben ser los objetivos en las insolvencias

La pérdida de valor de un negocio se acelera de manera exponencial en un entorno de distress (dificultades), por lo que actuar con rapidez es fundamental, bien mediante un acuerdo de reestructuración, bien mediante el mecanismo de enajenación de unidades productivas, o la combinación de ambas. En cualquiera de los caminos, el objetivo doble debe ser garantizar la satisfacción de los créditos de los acreedores hasta el límite que permita la maximización del valor del deudor, y dar viabilidad al negocio.

Cuando se analiza la factibilidad de un plan de reestructuración, se tiene que partir de unas premisas realistas, prestando especial atención tanto a la confianza en el equipo gestor y su capacidad de ejecutar, como a la capacidad financiera y operativa de la empresa para ser competitiva. También habrá que considerar el margen de actuación que deja el plan para adaptarse a la realidad cambiante del mercado, ya que es habitual que se produzcan incumplimientos en el medio y largo plazo, por la incapacidad de acometer inversiones o de captar y retener talento.

Como alternativa (o complemento) al plan de reestructuración, la nueva Ley Concursal pone sobre la mesa la posibilidad de plantear la venta de la empresa o de unidades productivas, que se podrá realizar con la propia presentación de solicitud de apertura de un procedimiento especial de liquidación; o bien en un momento posterior, aunque precisamente por lo comentado en cuanto a la preservación de valor y el tiempo, lo primero debería ser la alternativa más interesante.

Las ventajas de este proceso parecen evidentes; ya que, por un lado, permite la entrada de un nuevo inversor, con una expectativa de generación de rentabilidad a largo plazo a partir de un plan de negocio basado en un perímetro elegido (hay que recordar que en la reforma de la Ley se indica un compromiso por parte del inversor de mantenimiento de la actividad, según el caso, no inferior a dos o tres años), con capacidad de inversión y de mejora de la gestión.

Optar por esta vía, además, permite a los acreedores maximizar el retorno inmediato de su crédito basándose en el valor actual de mercado que la unidad productiva tiene como empresa en funcionamiento, y que lógicamente deberá ser superior a su valor mediante liquidación de activos individuales. Para determinar el valor de la unidad productiva, la reforma de la Ley determina que se realizará una valoración por parte de un experto, cuyo resultado debería estar en línea con el precio que un tercero esté dispuesto a abonar, y que en cualquier caso se maximizará a través de un proceso competitivo y de mejora.

En el nuevo texto legal se incluye la nueva figura del experto en recabar ofertas de adquisición de la unidad productiva. Este será el encargado de monitorizar la selección de un potencial comprador, con el fin de que la enajenación pueda realizarse de manera más eficiente y rápida.

Para llevar a cabo de forma exitosa la venta de una unidad productiva, por el carácter sumamente complejo del proceso, es fundamental tener una base de conocimiento y capacidades. En primer lugar, es necesario contar con un profundo entendimiento del negocio, su mercado y de su sentido estratégico y económico para identificar cuáles son las fortalezas operativas y las bolsas de valor adicional que puede haber para un tercero, de cara a establecer las bases del proceso de venta.

Por otro lado, es importante ayudar en la identificación del perímetro de la unidad productiva, así como en la ordenación de la información que será necesaria para poder realizar un adecuado análisis, preparando los documentos en los que se sintetice la información más relevante, facilitando los procesos de comprobación de la información y due diligence, coordinando el ingente flujo de comunicaciones con potenciales inversores y otros asesores (cartas de proceso, acuerdos de confidencialidad, aclaraciones, ofertas, etc.).

Asimismo, no hay que olvidar que nos encontramos en un entorno de insolvencia, por lo que resulta primordial contar con conocimiento concursal, y realizar una adecuada coordinación con los distintos interlocutores implicados y sus asesores (legales/concursales, financieros, de negocio, etc.), de modo que exista una equidad de trato a los potenciales inversores en términos de disponibilidad de la información y tiempos.

Cumplir con los preceptos de publicidad, transparencia y concurrencia es especialmente importante, lo cual es compatible con mantener una razonable discreción, que evite perjuicios en el valor del activo. A la hora de activar la venta de una unidad productiva, hay que hacer una selección estratégica de candidatos, identificando a aquellos que puedan estar interesados en el activo y con los que existe una razonable expectativa de que lo valoren, ya sean inversores industriales, que generalmente pertenecen al mismo sector, o bien inversores de perfil financiero, como fondos de inversión y similares. Las motivaciones de unos y otros pueden ser diferentes, tanto en términos de visión del sector, expectativa de rentabilidad, horizonte de inversión, equipo de gestión, etc., y habrá que analizar sus ofertas en los términos más homogéneos posibles de cara a determinar cuál sería la mejor.

En definitiva, buscar la máxima satisfacción de los acreedores y facilitar la viabilidad de los negocios, con el mantenimiento de puestos de trabajo, es un doble objetivo que se debe perseguir en una situación de insolvencia. La alternativa de venta de unidad productiva puede ser una opción que, con las garantías necesarias, permita una rápida tramitación y facilite el mantenimiento del tejido industrial y productivo, en el contexto de repunte de concursos en el que vivimos.

Javier Ibáñez es 'managing director’ y líder de ‘restructuring’ en España y Portugal de Kroll