La UE valora retrasar un año el impuesto a beneficios extraordinarios

Los Veintisiete buscarán acordar medidas de emergencia para aliviar la crisis energética este viernes

Un trabajador en la planta de la polaca Gaz System.
Un trabajador en la planta de la polaca Gaz System. Getty Images

Los países de la Unión Europea abren la puerta a retrasar al ejercicio fiscal de 2023, y no solo al de 2022, el futuro impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras propuesto por la Comisión Europea (CE), y piden también más flexibilidad para ahorrar electricidad.

Así queda reflejado en los cambios de un nuevo borrador, el tercero, que ha retocado la Presidencia checa de turno de la UE de cara a la reunión extraordinaria de ministros de Energía del próximo viernes, donde los Veintisiete buscarán acordar medidas de emergencia para aliviar la carestía energética.

En los borradores anteriores, se planteaba que esa "contribución solidaria" para las empresas de crudo, gas natural, carbón y refinería se empezara a aplicar "en o después" del 1 de enero de 2022, a lo que en el nuevo documento añade "y/o el 1 de enero 2023 y por sus respectivas duraciones completas".

Se trata de una redacción muy abierta que podría tanto ampliar a dos ejercicios fiscales la vigencia del impuesto, como aplicarlo sólo a uno de ellos y dejar fuera el 2022, un año de precios récord. Pero por primera vez se contempla la posibilidad de que el cálculo comience en 2023.

En versiones anteriores del documento, que servirá sólo como punto de partida del debate del próximo viernes, junto con las contribuciones e ideas en las que trabajan varias delegaciones de los Veintisiete, ya se había ampliado la base de cálculo de esa "contribución solidaria" del 33% sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras.

Inicialmente se pedía que el gravamen se aplique a los beneficios que excedan el 20% de las ganancias medias de las empresas del crudo, gas, carbón y refinería desde 2019, fecha que se amplió a hasta 2018, lo que suponía incluir un año más de consumo energético normal, sin las alteraciones causadas por la covid que mermaron la actividad económica, con lo que cayó la demanda de energía.

El nuevo borrador también refuerza la idea de que los Estados miembros "deben aplicar la contribución solidaria (...) en sus respectivos territorios salvo que hayan promulgado medidas nacionales equivalentes".

En todo caso, el diseño definitivo de la nueva figura europea dependerá del acuerdo que logren alcanzar el viernes los ministros de Energía de los Veintisiete.

Respecto al objetivo propuesto por Bruselas para reducir un de media un 10% el consumo bruto de electricidad entre el 1 de diciembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023 con un recorte del 5% en horas punta, los países abogan por dotarse de más flexibilidad en su cálculo, especialmente en lo relativo a los picos de demanda.

Normas
Entra en El País para participar