¿Por qué la guerra fiscal para atraer ricos nos empobrece a todos?

Dotar de cierta armonización al sistema sería un paso intermedio entre la recentralización y la situación actual de plenas competencias

En la guerra por cazar ricos, todos nos empobrecemos. Un aviso a navegantes que habría que tener en cuenta a la hora de hablar sobre la conveniencia de suprimir ciertos impuestos, como el de Patrimonio, ahora de rabiosa actualidad. Pero es que, además, el tiro podría salir por la culata. Porque además de mermar las arcas públicas, lo que puede conllevar el deterioro de los servicios públicos básicos, no hay datos contrastados que demuestren fehacientemente que este tipo de medidas de corte fiscal, por sí solas, promuevan un número importante de traslados de residencia de los contribuyentes más adinerados.

Como, por desgracia, ocurre habitualmente en años con marcado carácter electoral, ha vuelto a sonar el pistoletazo de salida de una peligrosa carrera de promesas de rebajas fiscales entre autonomías. Y digo peligrosa porque España, en estos momentos, no puede permitirse bajar ni eliminar impuestos.

En el caso concreto de la supresión de Patrimonio anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, cabe resaltar que va en dirección opuesta a las recomendaciones de, entre otros organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional. Y es que, al principio de este verano, dicho organismo publicaba sus recomendaciones sobre política fiscal para hacer frente a los efectos de la inflación en los ciudadanos: evitar las bajadas de impuestos y optar por las ayudas concretas a los grupos más vulnerables.

No es que la pandemia haya mostrado las costuras del Estado del bienestar y nos haya dejado ciertas lecciones en términos de justicia, equidad y solidaridad. Es que el sistema fiscal español es de los menos redistributivos de la UE, según sus propios datos.

En este marco, las palabras del ministro Escrivá respecto de centralizar impuestos para evitar la competencia fiscal a la baja entre CC AA ponen sobre la mesa una cuestión de la que hace tiempo se viene hablando y sobre la que vienen corriendo ríos de tinta. Y es que, al margen del término que se utilice, y aún admitiendo que el de “centralizar” no haya sido el más afortunado, teniendo en cuenta el régimen autonómico que deriva de nuestra Constitución, lo cierto es que desde hace ya unos años se viene produciendo una competencia fiscal a la baja entre CC AA, con los problemas de recaudación y justicia fiscal que conlleva.

Competencia fiscal a la baja que preo­cupa, no solo en el ámbito político, a las CC AA que pueden temer una pérdida de grandes contribuyentes, sino a una gran mayoría de los expertos fiscalistas, incluidos los elegidos por gobiernos y comunidades autónomas de distinto color político. Expertos, como los nombrados para el estudio de la revisión del modelo de financiación autonómica (por el Ministerio de Hacienda y también por cada una de las CC AA), que observan unánimemente como esa competencia por atraer contribuyentes de otras CCAA conduce a tipos inferiores a los deseables en determinados impuestos patrimoniales o, incluso a la desaparición de figuras que cumplen una función redistributiva necesaria, como el impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Abundando en la opinión de los distintos expertos, la Comisión Lagares, nombrada por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, para que elaborara un informe de la situación fiscal y las perspectivas de reforma, en el año 2014, ya mostró su preocupación por la competencia fiscal entre C CAA. Así, refiriéndose al impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, proponía que la normativa estatal fijara unos límites máximos y mínimos, dentro de los que pudieran moverse las capacidades normativas autonómicas. Y es que para dichos expertos, entre los que se encontraba el actual gobernador del Banco de España, debían limitarse las importantes diferencias existentes en la tributación de herencias similares.

Por último, el reciente Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, elaborado por el comité de personas expertas nombrado por el actual gobierno, destaca cómo el grado de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal de las CC AA pueden considerarse elevadas en términos comparados con otros países descentralizados de la Unión Europea.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta, como señala el citado Libro Blanco, que el ejercicio de las competencias normativas de las CC AA está limitado por la Constitución y por la LOFCA (artículo 19.2), y aunque algunos de estos límites sean ambiguos y difíciles de precisar, no significa que el ejercicio de las competencias carezca en absoluto de límites, ni impide que la legislación estatal pueda concretarlos.

Y en este sentido, el Libro Blanco, que califica la competencia fiscal entre CC AA como “nociva”, en los actuales términos, entiende que es necesario un grado de coordinación mayor que el actual en las competencias normativas de las CC AA de régimen común en el IP y en el ISD. Ello redundaría, según los expertos, en un mejor cumplimiento de los principios constitucionales del artículo 31.1 CE, y permitiría salvaguardar la existencia de las propias figuras tributarias, además de mejorar la propia eficiencia, evitando el socavamiento competencial y recaudatorio entre CC AA.

En este contexto, dotar de cierta armonización fiscal al sistema sería un paso intermedio entre la recentralización de los impuestos sobre la riqueza cedidos y la situación actual de amplias competencias al respecto para las comunidades autónomas, para evitar la desaparición de impuestos con un componente redistributivo de la riqueza, como son Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.

En definitiva, si ampliamos el foco, vemos una pérdida de recaudación que al final repercutirá en el gasto eminentemente social que compete a las comunidades autónomas, y que en su mayor parte está destinado a la educación, la sanidad y las prestaciones sociales.

Es decir, una guerra entre territorios que al final nos empobrecería a todos.

Carlos Cruzado es presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha).