España necesita una política frente a la inflación seria, coordinada y eficaz

Pese a que la reunión celebrada ayer entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y representantes del sector de la gran distribución y de los consumidores terminó sin acuerdos concretos, tanto la vicepresidenta segunda como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, reafirmaron su intención de impulsar una propuesta que ha incendiado el sector agroalimentario español. Díaz, que la semana pasada planteó a la gran distribución ofrecer una cesta de la compra sana, variada, a precio fijo y con opciones para celíacos, insistió ayer en la viabilidad de una medida que considera “basada en el principio de competencia” y con la que no hace más que pedir más a los que tienen mayor margen para dar. “A la gran distribución hay que pedirle esfuerzos como a las grandes bancos y a las energéticas”, señaló.

Más allá del análisis de esa aseveración y del modo de aplicarla, el problema de la iniciativa de la vicepresidenta segunda no es que se trate de un requerimiento realizado al sector de la distribución, sino que suponga intervenir en el mecanismo de formación de precios del mercado y desequilibrar la libre competencia en la industria alimentaria y la distribución. Así lo recordaron también ayer varias organizaciones del pequeño comercio al rechazar una iniciativa que puede desplazar aún más –bajo el auspicio del Gobierno– la compra de productos de alimentación desde estos negocios hacia las grandes cadenas.

El hecho de que propuesta siga en pie, pese a haber sido duramente contestada por miembros del propio Gobierno, como es el caso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, evidencia la falta de cohesión y de sintonía que existe en la coalición del Ejecutivo en una coyuntura de crisis y ante una cuestión –la inflación– que ahora mismo constituye un tema capital en la política económica española y europea. Tanto el pequeño comercio, en su razonable reivindicación del respeto a la libre competencia, como la gran distribución harán bien en defender su independencia frente a actuaciones o presiones que exceden el papel de un Ejecutivo en una economía de libre mercado. Lo que España necesita ante un horizonte marcado por el rally de la energía, las materias primas y los precios en general es una política coordinada, seria y eficaz, que no se limite a proponer parches o realizar intromisiones en el funcionamiento del mercado, sino que trate de suavizar de forma integral el azote de una inflación que va a golpear duramente la economía del país en los próximos meses.