El Gobierno no puede ignorar la inflación en su política económica

En un encuentro de corte populista con medio centenar de ciudadanos que le han transmitido sus preocupaciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer tres medidas económicas que tendrán un impacto importante en el gasto público y que resultan, por tanto, sumamente inapropiadas para una coyuntura marcada por una inflación y una incertidumbre crecientes. Sánchez reafirmó el compromiso del Gobierno de revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC, tal y como contempla de la Ley de Seguridad Social, cuya medida estrella fue la introducción de esta polémica cláusula de revalorización anual. Un factor de acumulación de costes capaz de ejercer un efecto multiplicador en el gasto –como se advirtió reiteradamente y desde muy diferentes ámbitos durante la tramitación de la norma– en caso de que se produzca un fuerte incremento de la inflación, tal y como finalmente ha sucedido. Sánchez anunció también la aprobación del subsidio de paro para empleadas domésticas, una medida problemática desde el punto de vista del control del fraude, así como su compromiso con el aumento del SMI hasta el 60% del salario medio antes del final de la legislatura.

El impacto que tendrá la vinculación de las pensiones al IPC en las cuentas públicas puede rondar los 1.700 millones de euros por cada punto de inflación, por lo que si las previsiones de subida del IPC para este año del 8% se cumplen, en el caso de las pensiones contributivas la subida supondría un aumento de 13.600 millones, que llegarían a los 15.000 si se incluyen las pasivas. Una partida abultada de gasto que no solo supone un lastre para una Seguridad Social cuyo principal problema es la sostenibilidad, sino para una economía española altamente endeudada, fiscalmente en desequilibrio y con una actividad que no ha logrado recuperar todavía el nivel de PIB anterior a la pandemia, al contrario que el resto de los países UE.

Pese al discurso optimista del presidente, la gravedad y excepcionalidad de la crisis actual, que no solo es bélica, sino fundamentalmente energética e inflacionaria, exige una política económica seria, marcada por la contención en el gasto y la asunción por parte de todos los agentes económicos del país, y por la propia ciudadanía, de un pacto de rentas que evite acelerar el rally de los precios. El Gobierno no puede utilizar el año de gracia que Bruselas ha concedido en términos de consolidación fiscal para aumentar indiscriminadamente el gasto y aprovisionar con él las existencias del granero electoral, sino para hacer frente, sin la carga añadida de la disciplina fiscal, a un horizonte cargado de riesgos que es necesario afrontar con responsabilidad, visión de futuro y sentido de Estado.