El precio del carburante, en el punto de mira

En el caso de las estaciones de servicio, ofrecer combustible a un precio asequible no tiene por qué estar reñido con la calidad

Es imposible mantenerse ajeno al contexto actual. Sin restar importancia a la grave crisis humanitaria que venimos atravesando desde hace unos años, la economía internacional se ha convertido en uno de los grandes daños colaterales del conflicto ruso-ucraniano: al encarecimiento de materias primas esenciales como combustibles fósiles, metales o productos agrícolas se suman las interrupciones en la producción, impactando directamente en las cadenas de suministro mundiales, que dependen en buena parte de las exportaciones del este de Europa.

Con todo, hoy nos encontramos ante una situación financiera sin precedentes y los expertos vaticinan que estamos a las puertas de una nueva crisis económica de grandes dimensiones. Mientras el coste de la vida se dispara con una tasa de 8,9% interanual en la eurozona, a nivel nacional, nuestro país encabeza el ranking de las principales potencias de Europa con una tasa de variación anual del IPC que se sitúa en el 10,8 %. De hecho, España ha alcanzado su máximo histórico desde abril de 1985 con una tasa marcada por la escalada en los precios de productos de primera necesidad, principalmente alimentos y carburantes.

Esta subida progresiva de los precios, donde el componente energético aparece como una de las principales causas, ha provocado una notable pérdida de poder adquisitivo entre los consumidores y ha afectado directamente a su capacidad de ahorro. Pero no se trata solo de una cuestión económica. Estamos viendo cómo esta situación sostenida en el tiempo limita el acceso a productos, bienes y servicios que son esenciales para el correcto funcionamiento de la sociedad.

Así, el aumento de los precios ha afectado al bienestar de la población y, como consecuencia, a su calidad de vida. Como país dependiente e importador de gas y petróleo, el contexto actual ha agravado la situación, lo que ha llevado a que los españoles afronten unos gastos cada vez mayores, sobre todo a la hora de rellenar el depósito del coche, hacer la compra o pagar la factura de la luz.

Las infraestructuras pasan por una situación compleja y la escasez de suministros origina problemas en movilidad que condicionan de manera significativa la actividad de nuestro país, desde el transporte público, a los vehículos comerciales y los turismos. El incremento del coste del carburante impacta de manera negativa en parte del tejido empresarial y social, cuya actividad se desarrolla necesariamente en carretera. Por un lado, numerosas empresas han visto reducidos sus beneficios considerablemente, llegando en algunos casos a afrontar pérdidas y desencadenar en huelgas de transportistas. Por otro, las tarifas en algunos medios de transporte público se han visto incrementadas, llevando a activarse bonificaciones a los más vulnerables.

En cuanto al coche particular –cuyo precio también ha subido tanto en la adquisición de vehículos nuevos como de segunda mano–, los conductores manifiestan a diario su preocupación por el coste de la gasolina y del diésel. Existe una necesidad por parte de los ciudadanos de destinar una menor parte de sus recursos a adquirir combustibles. En este sentido, las alternativas que se plantean son dos: reducir el consumo –algo que no es fácil ni siempre resulta posible– o buscar opciones más baratas, que ofrecen, por ejemplo, las gasolineras automáticas o low-cost a través de un sistema basado en la eficiencia en costes. De hecho, el precio puede llegar a ser hasta un 15% más económico que las tradicionales.

Los expertos anticipan que el sector de la energía va a continuar siendo el más afectado por el alza de precios, registrando precios tan elevados que muchos gobiernos han tenido que intervenir. Toda medida de urgencia que se implante de manera temporal mientras se trabaja en una estrategia a largo plazo es bien recibida por el consumidor. En España –donde superamos la media de la Unión Europea–, el descuento de 20 céntimos por litro de combustible aprobado en abril se ha prorrogado hasta finales de año; Eslovenia ha fijado precios máximos para la gasolina y el diésel; y otros países, como Portugal, Irlanda o Bélgica, han aplicado reducciones impositivas.

Tras alcanzar su máximo histórico en julio y experimentar una ligera bajada en agosto, nuevamente asistimos a una subida de precios. Situaciones como esta requieren de una respuesta conjunta entre el tejido empresarial y la Administración Pública. Por eso, cuando desarrollamos nuestra actividad y llevamos a cabo nuevos proyectos, por la parte de las empresas debemos poner el foco en la ciudadanía, pensar en ella para proponer medidas que favorezcan su día a día. Debemos ser competitivos manteniendo la calidad de los productos. En el caso de las estaciones de servicio, ofrecer carburante a un precio accesible no supone renunciar a la calidad. El secreto está en diseñar una estructura de costes más eficiente, con el que poder ofrecer al cliente justo lo que necesita: un servicio rápido, sencillo y asequible.

Nuestro objetivo es cuidar y ofrecer servicios óptimos para garantizar una buena experiencia. Por eso, debemos conocer la realidad de cada territorio para cubrir las necesidades de la población, por ejemplo, poniendo el foco en aquellas regiones en las que la infraestructura pública de movilidad no está lo suficientemente desarrollada o respondiendo ante situaciones de emergencia. Debemos cubrir las demandas actuales de un bien o servicio y saber anticiparnos a las tendencias futuras con la última tecnología.

En definitiva, las empresas tenemos que analizar en profundidad el contexto actual para que las acciones del presente y los proyectos de los próximos años protejan el estado de bienestar e impacten de manera positiva en la calidad de vida de las personas.

José Rodríguez de Arellano es CEO de Plenoil