La rampante inflación subyacente revela la dimensión del riesgo para la economía

Los datos sobre inflación que se desprenden del avance del IPC publicado ayer por el INE, correspondiente a agosto, muestran una ligera moderación en la escalada de los precios, que aumentan el 10,4% en términos interanuales frente al 10,8% registrado en julio, fundamentalmente debido a la bajada de los precios de los carburantes y, en menor medida, de los combustibles líquidos. La estadística del INE, que debe ser confirmada a mediados del mes que viene, muestra, por el contrario, un encarecimiento de los precios de la electricidad, de los alimentos, de la restauración y de los paquetes turísticos, entre otros. El dato más preocupante, sin embargo, es el que se refiere a la inflación subyacente, que aumenta tres décimas, hasta el 6,4%, y que sería la más alta desde enero de 1993. Son los denominados y justamente temidos efectos de filtrado de la energía a toda la cadena productiva y a la cesta de la compra, y que reflejan un contagio del rally inflacionista a productos de menor volatilidad y no directamente afectados por la crisis energética, como el resto de bienes y servicios que conforman la economía.

Pese a que la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, saludó ayer con optimismo el dato de la inflación interanual, al señalar que este podría y debería ser el inicio de una senda de descenso de los precios que deje “un nivel de inflación más normal el año que viene”, la evolución del indicador subyacente revela que la inflación ha dejado de ser una mera amenaza para convertirse en una realidad asentada en la economía. La filtración de la escalada de los precios a la mayor parte de los bienes y servicios no puede solucionarse con parches, sino que requiere de una actuación firme y decidida por parte de la autoridad monetaria europea, secundada y complementada con políticas económicas racionales en cada uno de los Estados miembros.

Todo apunta a que el BCE está preparado para endurecer su hoja de ruta –en la institución ha surgido el debate de una posible alza de tipos de 75 puntos básicos en la reunión del 8 de septiembre– y para hacerlo incluso a costa del crecimiento. Ahora toca a cada Gobierno hacer su parte del trabajo, lo que incluye no solo legislar, sino también liderar el sacrificio compartido por todos que exigirá la lucha contra la inflación. Una muestra de ese esfuerzo lo ejemplifica el dato de evolución del euríbor, conocido ayer, que apunta a una media de 1,225%, lo que dejará el mayor incremento interanual desde el año 2000 y agravará el coste de la hipoteca para muchas familias. Es tiempo pues de abordar una política económica antiinflacionaria integral, que controle el gasto público, defienda la consolidación fiscal e impulse un pacto responsable de rentas para todos los agentes, empezando por el propio sector público.