Calviño sugiere un alza salarial moderada para los empleados públicos para frenar la inflación
La propuesta del Gobierno podría partir de un incremento de alrededor del 3%, un porcentaje similar al de la inflación prevista para el próximo año
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se desmarcó de las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apoyando explícitamente que los sindicatos salgan a la calle para protestar contra la negativa de la patronal CEOE a subir los salarios. En declaraciones a TVE, rechazó por tanto respaldar la postura de Díaz, al tiempo que destacó que “los agentes sociales se han comportado con enorme responsabilidad” y confió en que ese clima siga “y todos estén a la altura de las circunstancias”, y que también salga adelante el pacto de rentas que respalda el Gobierno entre sindicatos y patronal.
“La prioridad de todos tiene que ser contener la inflación”, remarcó, “y es evidente que la moderación tanto de los salarios como de los márgenes empresariales es clave para evitar entrar en una espiral inflacionista que haga que esta inflación persista en el tiempo”.
Pero precisamente en materia salarial, consideró que la lucha contra la inflación no solo tiene que llegar del sector privado. La titular de Economía fue preguntada por cómo actuará el Gobierno con los salarios de donde es patrón, como empleador de los trabajadores del sector público. En ese punto señaló que se está negociando subirlo entre Hacienda y los sindicatos, pero que dicha subida debe evitar una espiral inflacionista, con lo que sugería que el incremento podría ni siquiera acercarse a los altos niveles que se esperan incluso para la inflación media anual, que según los analistas se situará entre el 7% y el 8%. De terminar dentro de esta horquilla, los empleados públicos perderían en 2022 entre cinco y seis puntos de poder de compra, ya que obtuvieron un incremento salarial del 2% a inicios de este año.
“Vamos a tratar de encontrar un alza que nos permita proteger los salarios pero evitando una espiral inflacionista”, indicó en referencia al futuro incremento salarial de los empleados públicos. Los representantes sindicales de este colectivo situarán sus demandas salariales claramente por encima del 4% pero, según las fuentes consultadas, el Gobierno podría estar barajando una cifra aún menor en torno al 3%, un nivel similar al previsto para la inflación en 2023 (el Gobierno ha situado el deflactor del consumo privado en el 2,9% para el año que viene).
Sin embargo, pese a que Calviño aseguró ayer que el Ejecutivo ya está negociando la subida salariales con el sector público, el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, pidió al Gobierno como “patronal de los empleados públicos” que “dé ejemplo” al sector privado y se siente a negociar “una subida salarial para todos los trabajadores de la Administración”, que también sufren los efectos de la inflación.
“En el caso de los empleados públicos, tenemos que sumar que desde 2010, año en que el señor (José Luis Rodríguez) Zapatero nos recortó el sueldo entre un 5% y un 10%, llevamos acumulada una pérdida de poder adquisitivo de casi el 20%. Es el momento de decir basta”, dijo Borra antes de reunirse con líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sede de los populares.
CEOE: "El único beneficiado por la inflación es el Estado"
Las polémicas declaraciones la vicepresidenta Yolanda Díaz apoyando expresamente las movilizaciones sindicales contra la patronal por no subir los salarios, junto con el dato de inflación conocido ayer del 10,4%, generaron las críticas de los empresarios. El vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, fue tajante al asegurar que “no se puede cargar más sobre las empresas (...) y si se siguen cargando va a empezar a haber una ralentización del empleo”. De hecho, fue más allá y dijo que “el único que se ha beneficiado de la inflación es el Estado” por el aumento de los ingresos públicos y por ello, apeló a que ese dinero se use para compensar a la economía dañada (las rentas bajas) y se rebajen los impuestos.
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