El endiablado encaje del SMI y el pacto de rentas
Mucho van a tener que afinar el Gobierno y los agentes sociales para apoyar a los colectivos desfavorecidos sin cargar las tintas sobre las empresas
Una de las numerosas consecuencias explosivas de la crisis energética es el futuro de la negociación salarial. Sin conocer aún el techo de la inflación, ni si este ha pasado o está por venir, cada mes que la energía sigue encaramada a máximos históricos, tanto empresas como trabajadores notan una merma en sus ingresos. Mal punto de partida para encarrilar la negociación. El pacto de rentas es un concepto elegante y atractivo, pero mucho más fácil de recomendar que de cumplir. Implica que dos partes acepten perder dinero amparadas en la confianza no solo en que la otra parte hará lo propio, sino también en que el conjunto de los agentes económicos seguirán el consejo de repartir la carga.
El pacto de rentas choca en apariencia con el compromiso del Ejecutivo de subir el salario mínimo hasta el 60% de la ganancia media por trabajador. Esa cifra implicaría una subida salarial de en torno al 8% para el próximo mes. Más allá de las consideraciones sobre el impacto de la subida (hasta el momento no se han cumplido las peores previsiones sobre destrucción de empleo), el salario mínimo supone un coste para las empresas en un contexto más que complicado como el actual.
La decisión es endiablada, porque al igual que los gastos han subido para las empresas, lo han hecho para los trabajadores acogidos al salario mínimo. El FMI ya recomendó hace meses que las ayudas a los hogares para capear la crisis energética se concentraran en las rentas bajas, un consejo que sobre el papel tiene sentido. Con toda la razón se puede argumentar que los perceptores del salario más bajo son quienes más necesitan mantener el poder adquisitivo.
Ahora bien, asumir este planteamiento tiene, además de impacto sobre las empresas, el riesgo de contagio. El incremento del salario mínimo puede ser tomado como vara de medir por los sindicatos o provocar agravios entre colectivos candidatos a verse afectados por el pacto de rentas, como los pensionistas o los funcionarios.
El pacto de rentas es más eficaz cuanto más amplio espectro cubre. Mucho van a tener que afinar el Gobierno y los agentes sociales para encajar el sudoku de apoyar a los colectivos desfavorecidos sin cargar las tintas sobre el sector empresarial ni enviar señales equivocadas a la economía. En todo caso, si algo va en el sueldo de cualquier Ejecutivo es el adoptar decisiones complicadas, equilibrar intereses divergentes y buscar el acuerdo, incluso cuando parece imposible.