Delivery

Stuart elevó sus pérdidas hasta 6 millones en 2021 por los mayores gastos de personal

Estos aumentaron casi un 76% hasta 14,5 millones, representando el 66% de los ingresos

Stuart elevó sus pérdidas hasta 6 millones en 2021 por los mayores gastos de personal

Stuart, una de las principales compañías de delivery que operan en España, incrementó sus pérdidas en el ejercicio 2021 hasta los 5,8 millones de euros, más del doble que los números rojos que registró en el anterior año contable, como muestran sus cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Un empeoramiento del resultado neto hasta el peor nivel desde que la compañía de origen francés llegó al mercado español, precisamente en el año en el que consiguió su récord de ventas. Estas escalaron hasta los 22 millones de euros, un 46% más.

Sin embargo, este crecimiento no fue suficiente para compensar la fuerte subida que Stuart experimentó en sus gastos de personal. Hay que recordar que, en agosto del año pasado, entró en vigor la llamada ley rider, que fijó que los repartidores de este tipo de plataformas deben ser trabajadores asalariados, y no autónomos. Además, Stuart viene incrementando en los últimos tiempos su plantilla, sobre todo en perfiles tecnológicos.

El número medio de empleados con contrato fijo durante el pasado año fue de 273, por los 189 que contabilizó en 2020, un 44% más. Los gastos de personal pasaron de los 8,4 millones de 2020 a 14,6, un crecimiento del 76% de un año a otro. Una cifra que representó el 66% de la cifra de negocios de la compañía, y que explica el empeoramiento del resultado de explotación y del neto al cierre de 2021.

Para 2022, según explicó la propia compañía a principiso de año, la expectativa era la de incrementar su personal en otro 40%, aunque también esperaba incrementar su volumen de negocio, doblando el número de pedidos realizados.

Sobre las relaciones laborales con los repartidores, las cuentas de Stuart reflejan un incremento de dos millones en las provisiones por contingencias legales, elevándolas a un total de 2,7 al cierre del ejercicio.

Como describe la memoria, eran cuatro los procedimientos pendientes a 31 de diciembre, todos relacionados con actas de Inspección de Trabajo. Uno por casi 7.000 euros, otro por 238.000, un tercero por 700.000 y una más 263.000, con cerca de 500 repartidores enre todas ellas. Además de los importes mencionados, se le imponía un recargo del 20% en cada caso.

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