Agroalimentación, una apuesta de país
Por primera vez, el PAC tiene un componente social, y los países de la UE han podido definir su política agraria atendiendo a su idiosincrasia
Las cartas ya están sobre la mesa: la industria agroalimentaria de nuestro país cuenta con dos grandes bazas para desarrollar plenamente su potencial con garantías si juega bien su mano: el Plan Estratégico de la PAC (Pepac) y el Perte del sector agroalimentario.
Ambos, conjuntamente con el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura, suman más de 50.000 millones de euros que incidirán en el desarrollo del sector durante los próximos cinco años. La mayor suma de fondos públicos que se haya inyectado jamás en la agroalimentación española. Ahora dependerá de la pericia de nuestros políticos y del propio sector ejecutar proyectos con éxito.
Por fin, tras haber pasado todas las fases protocolarias y los filtros de Bruselas, en un corto periodo de tiempo dispondremos del visto bueno definitivo del Pepac, y podrá entrar en vigor el 1 de enero de 2023.
Por primera vez en la historia de la PAC, los países de la Unión Europea han podido definir su política agraria atendiendo a su propia idiosincrasia, dentro de unos objetivos comunes basados en las actuales prioridades estratégicas respecto a medioambiente, digitalización y sostenibilidad. También por primera vez, la PAC tiene un componente social para evitar abusos sobre las personas trabajadoras: los beneficiarios de dichas subvenciones están obligados a garantizar la normativa laboral.
Tras la aprobación definitiva del Pepac, su normativa de acompañamiento pasará el trámite parlamentario. Ahí se concentran nuestros temores respecto a su posible descarrilamiento, dado el clima político que está viviendo nuestro país, con el consenso brillando por su ausencia. Nuestra clase política nos tiene acostumbrados a que la disciplina de partido pese más que los intereses estratégicos del país. Encomendémonos a alguna rara confluencia astral para que en este país de dinosaurios no sigamos votando al meteorito.
La otra baza es el Perte con el que el Gobierno ha dotado al sector agroalimentario para canalizar los fondos europeos e impulsar su transformación. Como instrumentos de colaboración público-privada, los pertes tienen un importante potencial de arrastre para toda la economía española. En este caso, se ha focalizado en uno de los sectores de nuestra economía con mayor empuje, pues la agroalimentación supone casi un 10% del PIB, y es uno de los puntales de la exportación de nuestro país.
El proyecto cuenta con 1.800 millones de euros de fondos públicos, cuyo impacto económico podría ser de unos 3.000 millones, y que podrían crear unos 20.000 empleos. El impulso del Perte ofrece una gran oportunidad para modernizar el sector con medidas para reforzar el desarrollo de la cadena agroalimentaria e incrementar su competitividad y sostenibilidad.
Con la conjugación del Pepac con el Perte, a nuestro país se le brinda una oportunidad de oro para poner en valor una de nuestras industrias más significativas y afrontar con solvencia los grandes retos que se le presentan, que no son pocos.
Actualmente, su gran desafío, al igual que para el resto de nuestra economía, es la inflación. Es necesario frenar la desproporcionada subida de precios que están experimentando los alimentos. Junto con la energía, es la partida del IPC que mayor subida ha registrado. Entre otras causas, a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, que ha provocado un aumento del precio de los cereales al ser ambos países productores principales. Un incremento que, sumado al de la energía y los transportes, se ha trasladado al resto de la cadena alimentaria.
Como ha ocurrido siempre, los beneficios por las subidas de los productos alimentarios no llegan a agricultores y ganaderos, que a su vez ven incrementarse el precio de los fertilizantes, los productos fitosanitarios y los piensos.
No todo el mundo pierde. Algunas empresas reducen sus márgenes de beneficio, los agricultores y ganaderos apenas sobreviven y los consumidores han de pagar más para poder alimentarse. Los que no pierden son los intermediarios, un problema que ya existía antes y que ha recrudecido la guerra. Su excesiva presencia en la cadena alimentaria también repercute en los precios finales de los productos. La Ley de la Cadena Alimentaria aún dista mucho de ser eficaz.
Todos estos problemas, que la guerra ha exacerbado, han puesto sobre la mesa la necesidad de una mayor suficiencia, de apostar por la agricultura y la ganadería de proximidad y por la sostenibilidad ecológica de las producciones. Este es el gran reto.
Además, ambas palancas tienen el potencial para funcionar de forma transversal como instrumentos de cohesión y dinamización del medio rural, para corregir los desequilibrios territoriales y frenar la despoblación. Su conjugación debe dirigirse a ofrecer oportunidades a los jóvenes en el campo español y a la acuciante falta de relevo generacional.
Es necesario hacer extensiva la condición social de la PAC a toda la agroalimentación para avanzar hacia un modelo más justo y respetuoso con los derechos humanos a lo largo de toda la cadena de valor, dignificando los salarios y las condiciones laborales de las y los trabajadores, y así llenar de vida y futuro nuestros pueblos.
Tenemos la gran oportunidad de dotar de futuro al campo, a sus industrias asociadas y al medio rural. Seguiremos trabajando para que todo este potencial se convierta en realidad.
Pedro Luis Hojas Cancho es secretario general de UGT FICA