La dificultad para acceder a una vivienda traba el avance de un país

Solo con una profunda reforma fiscal se podrá equilibrar el mercado, corregir las crecientes desigualdades e incluso aumentar los ingresos públicos

España tiene uno de sus principales problemas en el difícil acceso a la vivienda. Una dificultad de tan amplio espectro que va desde el escasamente desarrollado mercado del alquiler hasta el indeseablemente extendido fenómeno okupa, pasando por el efecto de una desincentivación a la movilidad geográfica por motivos laborales y con la guinda en unos precios de compraventa entre los más altos entre los países más avanzados. En este marco, el precio de la vivienda y los ingresos netos de los hogares han avanzado en las últimas décadas a muy distintas velocidades, lo que ha disparado la cantidad de renta íntegra que una familia debe destinar a la adquisición de un techo bajo el que vivir. Si a principios de este siglo un núcleo familiar tenía que dedicar los ingresos completos de 8,8 años para poder comprar una vivienda media de 100 metros cuadrados, dos décadas después la cifra ha avanzado hasta rozar los 11 años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Es un dato ligeramente por encima de la media de los 31 países que componen el club de los Estados desarrollados, pero resulta especialmente preocupante que, mientras el crecimiento del número de años necesario para adquirir una casa ha aumentado en dos décadas un 23% en la OCDE, en España lo ha hecho un 35%.

 El opresivo marco impositivo español a la vivienda aparece en este escenario como uno de los primeros responsables. Los tributos sobre la vivienda (destacadamente el IBI –el impuesto que nunca baja– y el de transmisiones patrimoniales) están entre los más elevados de los países desarrollados, y en constante multiplicación, algo que convierte a muchos ciudadanos en cautivos de un bien imprescindible, y al final desemboca en un nuevo problema: la creciente brecha económica –provocada por el alza de los precios– entre los hogares dueños de una vivienda y los que no pueden permitirse dar el salto a la propiedad.

España es uno de los países del mundo con mayor porcentaje de vivienda en propiedad, la mayor inversión que suele realizar una familia y el destino del grueso de sus ahorros. Es esta una particularidad que se ha convertido en una mina para el afán recaudatorio de las diferentes Administraciones públicas, del signo político que sean, y en la que se ha llegado a la incoherencia de tener que pagar un impuesto de plusvalía a pesar de que en una operación de compraventa se registre minusvalía.

La dificultad para acceder a la vivienda, sea en propiedad o en alquiler, es un serio obstáculo para el desarrollo de un país. Solo con una profunda reforma de índole fiscal se podrá equilibrar el mercado, corregir las crecientes desigualdades y, si se sabe hacer bien, aumentar los ingresos públicos.