Un paso necesario para la reapertura del mercado español al inversor extranjero

El Gobierno ultima el real decreto ley que suavizará el escudo antiopas aprobado en plena eclosión de la pandemia con el fin de proteger a las empresas estratégicas españolas del posible embate oportunista de la inversión extranjera. El texto, que faculta al Ejecutivo para autorizar o rechazar la toma de más de un 10% del capital de una compañía clave para la economía española por parte de capital foráneo, concede al Gobierno hasta seis meses para pronunciarse, un plazo que el nuevo real decreto reduce a tres. A falta de que el Consejo de Estado emita su opinión y el texto sea remitido al Consejo de Ministros para su aprobación final, todo apunta a que España reducirá muy pronto la dureza del filtro que la inversión extranjera tiene que superar para hacerse con participación en una empresa estratégica, un concepto amplio que incluye, entre otras, las de energía, infraestructuras, telecomunicaciones, biotecnología o medios de comunicación.

El presidente de la CNMV, Rodrigo de Buenaventura, ya sugirió a principios de año la conveniencia de que el Gobierno eliminara el blindaje sobre las cotizadas españolas, al recordar que, desde el punto de vista del mercado de valores y de los intereses de los accionistas e inversores, la apertura internacional es un valor en sí mismo, como también un medio privilegiado para captar la financiación extra que la economía española necesita para avanzar en la recuperación económica. El guante arrojado por Buenaventura, que el Gobierno no recogió entonces, no hizo más que constatar el hecho de que el escudo antiopas fue adoptado para proteger a las empresas españolas en una situación extraordinaria, la de una pandemia que hundió la cotización de las compañías hasta convertirlas en un posible blanco de especulación. A ello hay que sumar que lo que comenzó siendo una empalizada de protección frente a inversores de fuera de la UE fue ampliado más tarde, a finales de 2020, también a los comunitarios.

Aunque es cierto que el Gobierno no ha hecho gran uso de la prerrogativa, el mensaje que una normativa de estas características manda a los mercados es claramente hostil, lo que resulta poco recomendable para un país en proceso de recuperación económica e inmerso en una coyuntura global cada vez más compleja. La reducción del plazo previsto para que el Gobierno se pronuncie es sin duda una medida acertada, pero debe ser transitoria, como corresponde a un paso en el camino hacia la normalización plena del mercado, una vez dejadas atrás las circunstancias excepcionales de la pandemia.