Un pacto de rentas de todos los agentes que debe liderar el propio Gobierno

Nubes oscuras, de las que presagian tormenta, se acumulan sobre los cielos de la economía global, en forma de una inflación desbocada que de momento ninguna receta política ha logrado contener y de una demanda que comienza a mostrar signos de anemia. En España, la escalada de los precios ha cerrado el mes de junio con una tasa anual del 10,2%, en lo que supone el registro más alto de los últimos 37 años. En ese contexto, y mientras el BCE se prepara para intensificar la subida de tipos prevista para julio y septiembre, en línea con otros bancos centrales, el fantasma de una recesión global ha dejado de ser una hipótesis para convertirse en una posibilidad real. Los precios de las materias primas industriales, por ejemplo, empiezan a mostrar señales preocupantes que apuntan hacia esa dirección. En lo que va de año, la cotización del aluminio se ha desplomado un 13%, la del cobre un 17% y la de las barras de acero un 18%, lo que indica que la demanda comienza a agrietarse. Otros materiales, como el zinc, el estaño o el plomo, también acumulan importantes caídas, así como los fletes marítimos, que tras alcanzar máximos históricos, han retrocedido en los últimos meses un 30%.

Hasta ahora, el Gobierno se había resistido a poner sobre la mesa una política de choque directamente enfocada a contener la inflación, pero la abrumadora evidencia de un rally que no ofrece signos de debilidad llevó ayer a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, a anunciar que el Ejecutivo se reunirá mañana con los agentes sociales para impulsar un pacto de rentas. Calviño, quien reconoció que los próximos trimestres “serán muy complejos”, quiere un acuerdo que permita proporcionar confianza y estabilidad a los trabajadores, a las empresas y al conjunto de la sociedad. El Gobierno atiende así una petición, planteada el pasado enero por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, para que todos los agentes económicos –es decir, empresas y sindicatos, pero también el sector público– suscriban un acuerdo de moderación de costes y precios con el fin de enfriar la economía. Ese pacto, que no tiene por qué ser tanto oficial como oficioso, debe permitir la adaptación de sus términos a la realidad de cada empresa en esa tarea común de contribuir a controlar el avance de los costes y los precios. Si en el caso de los empresarios, ese compromiso implica una revisión razonable de los márgenes, y en el de los trabajadores hacer el mismo ejercicio con los salarios, en el caso del Gobierno debe pasar por repensar, con responsabilidad y lejos de criterios populistas, todas las partidas de gasto público indexadas a la evolución del IPC, como los salarios públicos y las pensiones.