La cooperación entre Estado y autonomías, a examen

Un informe presentado en el Senado muestra logros y acuerdos en 2021, pero también discordancias y recelos

Entre las imágenes más recordadas de la pandemia, destacan las de las reuniones telemáticas entre el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos. La foto semanal vino a resumir lo que el Estado autonómico puede y debe ser: un sistema de cooperación entre los diversos niveles democráticos de gobierno que pretende conjugar eficacia y respeto a la pluralidad.

Esta experiencia de colaboración es analizada ampliamente en el Informe de las comunidades autónomas 2021, presentado en el Senado hace unos días. Dicho informe pasa revista a la última anualidad completa del Estado autonómico, con sus logros y acuerdos, pero también con sus discordancias y recelos.

La cifra récord de reuniones de los órganos de colaboración entre Estado y autonomías (más de 170 en 2021) invitan a pensar que el flujo de contactos y relaciones entre los actores fundamentales del Estado autonómico se haya consolidado, al menos a día de hoy. No obstante, permanecieron inactivos 14 de esos órganos (conferencias sectoriales).

La Conferencia de Presidentes volvió a una tónica prepandemia, pues solo se reunió dos veces en 2021 (y una en lo que va de 2022, en la isla de La Palma). Simbólicamente, se recuperó la presencialidad el 30 de julio en Salamanca, aunque la reunión de diciembre tornó a ser telemática. En todo caso, los temas abordados fueron importantes. En la reunión salmantina, se anunciaron los fondos europeos de recuperación que se destinarían a las autonomías. Nada menos que el 55% del total correspondiente a España. Este porcentaje desinfló el desacuerdo autonómico que se barruntaba tan solo 24 horas antes de celebrarse la cumbre en la milenaria ciudad universitaria.

También se anunció que el reparto interautonómico se decidiría en cada conferencia sectorial, aunque las prioridades las prefijaba el Plan del Gobierno (PRTR: Recuperación, Transformación y Resiliencia). Varias autonomías se quejaron por entenderse relegadas al papel de meras gestoras sin capacidad para priorizar gastos, pese a que estos recaen sobre ámbitos que son de su competencia. En todo caso, los fondos comunitarios son finalistas: predeterminan los objetivos en que cada Estado miembro debe emplearlos, razón por la cual el PRTR del Gobierno hubo de contar con el visto bueno de la Comisión Europea.

La segunda reunión (telemática) de los presidentes en diciembre, por su parte, se centró en las medidas anti-Covid para las fiestas navideñas, ante el aumento de los casos por la variante ómicron. Esto no fue óbice a que el Consejo Interterritorial de Salud (ministra y consejeros de sanidad) asumiera la gestión pandémica desde 2021.

De ahí las 57 reuniones que dicho Consejo ha celebrado durante ese mismo año. Adopción y adaptación de medidas anti-Covid en sectores económicos o en el ámbito educativo fueron y siguen siendo foco de su actividad. Aunque esa actividad tampoco estuvo exenta de discordancias, como el doble rechazo del Gobierno a declarar otro estado de alarma y a impulsar una nueva ley de pandemias, cosas ambas que le pidieron muchas autonomías.

En general, los acuerdos recientes entre Estado y autonomías son varios, relevantes y en frentes diversos. Así, se va avanzando hacia la reforma del modelo de financiación autonómica: en la única reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en 2021 se acordó un nuevo criterio de población ajustada para el reparto de los recursos entre las autonomías. Además, este órgano aprobó la devolución a las CCAA no forales de la recaudación del IVA de diciembre de 2017, pendiente hasta entonces entre cambios legislativos y la imposibilidad legal de presupuestarla mientras el Gobierno estuvo en funciones.

Un importante plan de choque (3.millones en tres años) para potenciar el Sistema de Atención a la Dependencia y reducir listas de espera fue aprobado en el Consejo de Servicios Sociales y Dependencia. La Conferencia Sectorial de Educación trabajó en la implementación de la LOMLOE, mientras que la de Agricultura consensuó el Plan Estratégico de España para la Política Agrícola Común 2023-2027 de la UE, por valor de más de 47.000 millones.

De la digitalización de la Justicia y las nuevas leyes de eficiencia de la misma se ocupó la conferencia homónima. La estabilización de funcionarios interinos centró la actividad de las administraciones públicas. Por su parte, la de Seguridad Nacional se centró en el incremento de la implicación autonómica y su colaboración con el Estado en este ámbito.

En 2021 se recuperó la relación institucional bilateral entre Cataluña y el Estado, con la reunión de la comisión mixta estatutariamente prevista, tras cuatro años de inactividad coincidentes con el Procès. E igualmente, celebraron sesión la comisión mixta para el Concierto Vasco y la Comisión bilateral Estado-La Rioja (esta última no lo había hecho desde 1992).

Un último dato a destacar es la sustancial disminución de la litigiosidad entre Estado y autonomías. Un total de 55 acuerdos previnieron en 2021 la interposición cruzada de recursos de inconstitucionalidad y conflictos competenciales entre uno y otras.

Continuidad e intensificación de las relaciones de cooperación vienen marcando la dinámica reciente de nuestro modelo territorial. Con sus luces …aunque también con algunos claroscuros.

Francisco Javier Donaire Villa es Profesor Titular de Derecho Constitucional de laUniversidad Carlos III de Madrid