El Congreso blinda en la nueva ley concursal las deudas con Hacienda

A falta de la tramitación en el Senado el denominado crédito público es privilegiado en un 100%

Los empleados de una empresa concursada podrán rescatarla si se constituyen en sociedad cooperativa, participativa o laboral

Vista general del Congreso de los Diputados.
Vista general del Congreso de los Diputados.

Toda la deuda con Hacienda y la Seguridad Social será privilegiada Los empleados de una empresa concursada podrán rescatarla Hacienda y la Seguridad Social han salido beneficiadas en el paso del proyecto de Ley Concursal por el Congreso de los Diputados, que ayer fue aprobado en pleno. Una de las enmiendas aprobadas refuerza aún más el privilegio de los llamados créditos públicos.

El proyecto de ley, que ahora pasa al Senado con idea de que sea ratificado definitivamente a mediados de julio, ha elevado las exoneraciones hasta un máximo de 20.000 euros de las deudas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social (10.000 euros en cada caso). Pero, y ahí está el endurecimiento, considera que toda la deuda con ambas es privilegiada. Hasta ahora, solo el 50% de la cuota tributaria o de la Seguridad Social debidas tenía esta consideración de privilegiada.

Abonando este porcentaje, el deudor accedía a la segunda oportunidad. El otro 50% era crédito ordinario. Los recargos, intereses y multas por impago eran créditos subordinados. Ahora todo es privilegiado, lo que implica que tiene preferencia de cobro sobre cualquier otra deuda.

Con las cautelas pertinentes al estar todavía el proyecto en tramitación, el presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), Juan Carlos Robles, asegura que de aprobarse lo anterior “se ubica al crédito público en una posición de sobreprotección en detrimento de otros acreedores y puede dar al traste con las posibilidades de viabilidad de miles de empresas y de autónomos”.

A las personas físicas les afectará menos porque no tienen créditos públicos tan elevados. Un segundo cambio importante en el proyecto de ley se debe a sendas enmiendas de Unidas Podemos transaccionadas con el PSOE. Los trabajadores de una empresa en fase de concurso podrán rescatarla si se constituyen en sociedad cooperativa, participada o laboral.

Los empleados podrán capitalizar su prestación por desempleo para utilizarla como capital de sus cotizaciones en la sociedad. El texto que parte hacia el Senado fue aprobado ayer en el pleno del Congreso con los votos de los partidos del Gobierno más los de ERC, PNV y PDeCat. PP y Ciudadanos se abstuvieron.

La intención es que la norma está completamente aprobada a mediados de julio pues el día 17 acaba el plazo para trasponer la directiva europea sobre insolvencia que ha sido su origen.

Moratoria e ICO

El proyecto de ley ha salido de la Cámara Baja el mismo día que finalizaba la moratoria concursal, esta vez ya con carácter definitivo. Cepyme advirtió ayer de un “fuerte aumento de quiebras a partir de septiembre”.

Debido a ello, pide “prever un posible colapso de los recursos en los juzgados de lo mercantil después del verano, lo que tendría un importantísimo coste económico para las empresas”. Por su parte, el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, declaró también ayer que no existen asimetrías entre la financiación avalada y la no avalada. “Confiemos en que la tasa de morosidad se mantenga en los niveles en que se está manteniendo, que está contenida, según el Banco de España”, dijo.

Las pymes tienen cada vez más difícil acceso a la financiación

El Banco de España constata que las pequeñas y medianas empresas españolas tienen una percepción negativa por las incertidumbres derivadas de la guerra de Ucrania y anticipan “un deterioro” del acceso a la financiación en el periodo de abril a septiembre de este año.

En su análisis “Evolución económica reciente de las pymes españolas y de su acceso a la financiación externa de acuerdo con la encuesta semestral del Banco Central Europeo”, publicado ayer, se observa que la percepción ha empeorado respecto a periodos anteriores. Las empresas europeas muestran la misma tendencia.

En dicha encuesta, las pymes responden que entre octubre de 2021 y marzo de 2022 han sufrido un endurecimiento de las condiciones para acceder a préstamos de las entidades financieras y son más las garantías.

No obstante, el 27,2% de las pymes encuestadas creen que en el periodo de abril a septiembrer de 2022 crecerán en términos netos. Los servicios, entre los meses de octubre del año pasado a marzo de este año, fueron los que menos crecieron, ya que solo un 2,9% de pymes de este sector aumentó su cifra de negocio.

El análisis del Banco de España sobre la encuesta observa que la mayoría de las empresas españolas, grandes y pequeñas, han incrementado sus precios entre abril de 2021 y marzo de 2022, de manera intensa en casi el 27% de los casos y más moderadamente, en el 37%. La inflación, según el 73% de las consultadas, será la causa de que este incremento de los precios no sea pasajero y continúe entre el pasado mes de abril y marzo de 2023.

Las compañías aseguran que el incremento de los costes de los insumos y laborales tuvo “un impacto significativo” en los resultados empresariales, con porcentajes netos negativos. El 23% ha tenido un descenso de beneficios entre octubre de 2021 y marzo de 2022, lo que representa una bajada de siete puntos porcentuales sobre el mismo periodo de un año antes.

El incremento de los costes es, para el 22% de las participantes en la encuesta, el problema principal, lo que también supone siete puntos porcentuales más que en el periodo anterior.

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