El Gobierno debe ser proactivo para evitar una oleada de concursos

Como si de la red de un funambulista se tratara, mañana finalizan dos de las principales medidas que han protegido a las empresas españolas de la insolvencia desde que irrumpió la pandemia del Covid-19: la moratoria concursal y el periodo de carencia negociado con las entidades para quienes han solicitado créditos ICO. Una vez caducados ambos escudos, los cuales han evitado un previsible colapso de los juzgados mercantiles y una dolorosa sangría de liquidaciones, los concursos de acreedores podrían comenzar a inundar el sistema judicial. El más importante de esos procedimientos será el de Abengoa, después de que la SEPI rechazase el lunes oficialmente su rescate, una decisión que aboca a la compañía al mayor concurso de la historia de España, con 6.000 millones de deuda y 5.000 empleos. La razón que ha esgrimido el organismo para no auxiliar a la ingeniería andaluza ha sido, por un lado, el lastre que suponen los 900 millones que esta arrastra en pleitos pendientes y, por otro, el hecho de que, a juicio de la SEPI, la difícil situación de la empresa no es fruto del azote de la pandemia.

De hecho, los expertos sostienen que buena parte de la cascada de concursos que anegarán los juzgados de lo mercantil a la vuelta del verano han sido provocados principalmente por la compleja coyuntura económica actual, que conjuga una crisis energética, un rápido crecimiento de la inflación, una guerra y una crisis de materias primas y suministros. Los datos muestran un aumento del 7,9% en los concursos voluntarios durante el primer trimestre del año, hasta un total de 5.312, de los cuales la mitad fueron presentados ante juzgados de lo mercantil, mientras otros cálculos aseguran que la moratoria del Gobierno mantiene congelados más de 100.000 concursos en España, lo que hace bastante razonable augurar una abundante ola de insolvencias.

La mejor herramienta para luchar contra ese tsunami y salvar el mayor número posible de empresas es la inminente reforma de la ley concursal, que lamentablemente no podrá aplicarse antes del mes de julio y a cuya entrada en vigor habrá que esperar para tratar de reducir la oleada de quiebras y de minimizar su gravedad. El Gobierno debe adoptar una actitud decididamente proactiva en esta materia, tanto en lo que se refiere a la agilización de la tramitación de la nueva ley como en la posibilidad de reducir su vacatio legis al mínimo razonable. En el caso de las empresas que han sido ya rescatadas con fondos europeos, esa estrategia debe pasar por no permanecer en el accionariado de las compañías más tiempo del necesario para estas que vuelvan a salir a flote.