Díaz propone un cheque de 300 euros paras las familias más vulnerables
Además presenta una rebaja adicional del 50% en el abono transporte y una subida en el Impuesto de Sociedades para las energéticas que tendría un coste entre 1.500 y 2.000 millones de euros
A última hora de ayer, cuando aún estaban calientes las repercusiones de las elecciones en Andalucía, donde los partidos de las izquierdas no obtuvieron un resultado positivo, sino todo lo contrario, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lanzó a través de su cuenta de twiter un conjunto de medidas para luchar contra la inflación y que Unidas Podemos está negociando con el PSOE dentro del Ejecutivo.
Su argumentación es que se acaba el 30 de junio el plazo de las medidas actualmente en vigor, el plan para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania y deben complementarse y ampliarse. Díaz, en el hilo de twitter, constata que “la inflación está golpeando a las familias”, algo que “se nota al hacer la compra o a la hora de cuadrar las cuentas a final de mes”.
La vicepresidenta considera que con la aprobación del decreto el pasado abril “el Gobierno actuó con rapidez y determinación” pero que esas medidas que contemplaron, entre otras, la bonificación de los 20 céntimos del coste del combustible a todos los consumidores “ahora” no es “suficiente”.
Es por ello por lo que considera que “debemos reforzar la protección frente a una crisis internacional”. El RDL 6/2022 decae el próximo 30 de junio y tenemos que renovarlo para los próximos tres meses ante la situación de incertidumbre económica global. Es imprescindible reforzar la protección de la ciudadanía y avanzar en medidas que potencien la transición energética.
Como medida estrella para reforzar la protección de la ciudadanía, “apostamos por un cheque de 300€ para las personas más golpeadas por la crisis como se ha puesto en marcha en Francia”. Lo justifica ante la subida de los precios por la inflación y añade que “toca proteger a las familias y su poder adquisitivo”.
Para avanzar en la transición ecológica y una movilidad sostenible, apuesta por reducir el precio del transporte público con una reducción del 50% en el abono transporte. Además, propone establecer un mecanismo que permita graduar la bonificación al precio de la gasolina y del gasóleo no profesional según el nivel de renta de las personas beneficiadas.
“Toda esta inversión social y ecológica no puede pagarla la ciudadanía en este momento tan complicado”, señala.
Las grandes empresas energéticas deben hacer una contribución extra. Así propone incrementar 10 puntos el tipo de sociedades para recaudar entre 1.500 y 2.000 millones de euros. “Las medidas excepcionales en un momento excepcional nos tienen que ayudar a llegar a ser la sociedad que queremos. Un país que mire al futuro y recupere la esperanza avanzando en el día a día”.