Seguridad jurídica y seguridad nacional

El segundo protocolo adicional al Convenio de Ciberdelincuencia busca fortalecer la conciencia de seguridad mediante el derecho

Mecánicos del Ejército del Aire dan mantenimiento a un Eurofighter en una imagen de febrero de 2017. Sergio Ruiz González Ministerio de Defensa
Mecánicos del Ejército del Aire dan mantenimiento a un Eurofighter en una imagen de febrero de 2017. Sergio Ruiz González Ministerio de Defensa

"La sociedad que separa a sus intelectuales de sus guerreros hará que cobardes tomen las decisiones y tontos luchen las guerras", Magistral Tucídides, año 400 aC. En toda gestión, lo que no son cuentas, son cuentos. Hagamos números. El sector de Seguridad y Defensa en España se ha convertido en núcleo de talento, mérito y admiración para el resto de la industria nacional e internacional. Es, por sus propios hechos y números, sector estratégico nacional.

Los números hablan por sí solos. Su tejido empresarial factura 13.040 millones de euros, exporta el 71% de sus productos y servicios, contribuye con un 1% al Producto Interior Bruto de España, genera 57.600 empleos de alta cualificación técnica y dedica el 9% de su facturación a la I+D+I.

Aproximadamente, el 70% de la facturación corresponde a exportaciones, lo que confirma el impacto tanto dentro de como fuera de España de estas empresas, que no depende únicamente de la demanda doméstica ni de los presupuestos generales del Estado.

A esto hay que sumar más de 160.000 empleos indirectos e inducidos, dedicados a satisfacer las necesidades de la cadena de suministros del sector y dar respuesta al gasto generado por los empleos directos e indirectos.

En total, el sector de seguridad y de defensa genera directa e indirectamente un total de 211.921 empleos en España. Un año más, y ya van cuatro seguidos, la facturación batió un nuevo récord, situándose en los 14.101 millones de euros. En definitiva, por cada euro que el Estado invierte en este sector, la Industria genera dos.

Una vez desplegadas las cuentas, procedamos ahora con el contexto. España se encuentra en un escenario interno muy marcado por nuestra realidad geopolítica actual. Este mes de junio es una gran prueba de ello. A finales de mes ejerce de anfitrión de la Cumbre de la OTAN en Madrid, coincidiendo con el 40 aniversario de la incorporación a la misma. A su vez, la próxima semana (del 13 al 17 de junio ) se celebra Eurasatory 2022, Feria Internacional de Defensa en París, con un papel muy destacado de España en este evento.

En definitiva, la defensa y la seguridad nacional parecen que están de actualidad, de gran actualidad. Un aspecto clave en este ámbito es, sin ninguna duda, la ciberdefensa y la seguridad operativa y jurídica vinculada a la perseguibilidad del autor. A día de hoy, los ciberataques constituyen la segunda amenaza real para España, junto con la pandemia, según el último informe del Departamento de Seguridad Nacional.

En este sentido, como riesgo nacional y corporativo diario, la ciberdefensa debe considerarse siempre como riesgo estratégico incuestionable dentro del modelo de cumplimiento normativo de una empresa o entidad pública.

A día de hoy, hay que constatar que se va avanzando en el ámbito netamente procesal penal, a raíz de la entrada en vigor el pasado 12 de mayo del segundo protocolo adicional al Convenio de Ciberdelincuencia ( llamado Convenio de Budapest ), abordando uno de los principales obstáculos operativos para erradicar esta forma de comisión delictiva: la perseguibilidad real del autor del ciberataque.

Se establece un criterio procesal básico: la doble tipicidad (artículo 5.6 PA2CC ). De esta manera, tanto el casus belli (investigación) como los hechos en sí deben ser constitutivos de delito en el país cuya colaboración operativa se reclama.

Se hace referencia a un procedimiento de urgencia (artículo 10 PA2CC), es decir, en aquellos contextos donde peligre la vida o seguridad de una o más personas (se deberá matizar en qué consiste dicho peligro potencial). En este caso, este artículo establece una operativa más rápida entre órganos judiciales, incluyendo la vía electrónica, siempre que quede asegurada la trazabilidad de forma auténtica y autenticada.

En definitiva, necesitamos seguir afianzando, tanto como nación como en nuestro tejido empresarial e industrial, sin complejos absurdos, la conciencia real de ética y gobernanza, junto con la cultura de seguridad nacional.

A ello contribuirá, en gran medida, el lanzamiento del doble grado de Derecho y Estudios Jurídicos Militares elaborado por la facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, pionero en España. Un gran reto académico y una gran necesidad, tanto legal como operativa. Toda cultura conlleva conocerla, porque sólo se ama lo que se conoce y sólo se defiende lo que se ama.

Pedro Fernández-Villamea Alemán, responsable Legal & Compliance DEL Grupo Gees-Spain y consejo asesor sección Derecho Militar y Seguridad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

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