El Gobierno debe evitar medidas que agraven la sombra de la inflación

La decisión del Gobierno de prorrogar hasta septiembre el paquete de medidas anticrisis aprobado en marzo, anunciada ayer por Pedro Sánchez, reafirma el empeño del Ejecutivo en mantener ayudas a los particulares de forma indiscriminada con instrumentos de política económica que podrían resultan ineficaces para contener la inflación y moderar el gasto, dado que estimulan la demanda. Es el caso de la polémica rebaja de 20 céntimos en el precio del combustible, y en menor medida los recortes fiscales para abaratar la electricidad o la limitación al 2% de la revisión anual de los contratos de alquiler en contra del criterio establecido en una reciente norma legislativa.

Pese a la sospecha, manifestada públicamente incluso por la propia vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, de que parte de la rebaja en el precio de los carburantes está siendo absorbida por los operadores del sector, el Gobierno ha insistido en prorrogar una bonificación que resulta regresiva, incentiva el consumo –con el consiguiente efecto sobre los precios– y que no ha producido ni siquiera los frutos sociales que pretendía conseguir, como una reducción de los niveles de inflación. Según un reciente análisis realizado por CaixaBank Research, los conductores con mayores ingresos aumentaron el gasto en los establecimientos de repostaje un 15% durante el mes de marzo, frente a los de menores rentas, que solo lo hicieron en un 2,3%, lo que sugiere que los conductores con menos recursos disminuyeron su kilometraje, mientras que los de mayor nivel adquisitivo lo mantuvieron. En cualquier caso, y pese a que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha abierto la puerta a la posibilidad de que el Gobierno introduzca una mayor progresividad en la bonificación al dirigir la medida “a los que más lo necesitan”, el criterio de esa segmentación debería ser no solo la renta, sino el uso intensivo del combustible que realizan determinados colectivos por razones profesionales y empresariales, que están sufriendo gravemente el rally de los precios.

El Gobierno mantiene su política de estímulos pese a las advertencias de la Comisión Europea y otras instituciones de análisis sobre la urgencia de que España controle tanto su deuda pública como la privada de hogares y empresas “que excede los niveles de prudencia” y sigue muy por encima de los niveles previos a la pandemia. Prorrogar la bonificación al combustible tres meses alimenta la tentación y el riesgo de la consolidación de una ayuda cuyo horizonte temporal es incierto, dado que está relacionado con el desenlace de una guerra a cuyo final nadie se atreve a poner una fecha, además de alimentar, en lugar de frenar, los temidos efectos de segunda ronda de la inflación.