Una rebaja de las cotizaciones para crear empleo en un entorno adverso
El coste laboral de un trabajador en España, integrado fundamentalmente por el pago del IRPF y de las cotizaciones a la Seguridad Social, ascendió en 2021 al 39,3%, lo que supone 0,3 puntos porcentuales más que en 2020, que fue un año profundamente atípico en todos los órdenes por los efectos de la pandemia de Covid-19. Esa factura, según la OCDE, hace de España el decimosexto país con mayor cuña fiscal de las economías desarrolladas, aunque por detrás de países como Bélgica, Alemania, Francia o Italia. Del análisis realizado por la OCDE se desprende que la media de los países ricos es en este concepto del 34,6%, casi cinco puntos por debajo que la media española.
El peso de las cotizaciones y la necesidad de rebajarlas constituye una reivindicación clásica por parte de los empresarios, que acusan la presión de esos costes todavía con mayor intensidad en épocas de crisis. Los datos de la OCDE muestran que la carga que asumen las empresas en el pago de las cotizaciones es sustancialmente mayor en España que en otras economías, mientras que la que corresponde al trabajador está entre las más reducidas. Esta última circunstancia se une al hecho de que es la empresa la que realiza el ingreso de la totalidad de las cotizaciones, al igual que ocurre con el IRPF, lo que contribuye a generar en los trabajadores lo que los fiscalistas denominan una ilusión fiscal, es decir, una falsa percepción sobre el peso real de los impuestos en su sueldo bruto, como consecuencia de no ingresarlos directamente.
Los datos que periódicamente recaba la OCDE y que confirman que las empresas españolas asumen un coste laboral más alto que las de otros países en lo que se refiere a este concepto reafirman la necesidad de abordar una reforma que, por un lado, rabaje su cuantía general y, especialmente en una coyuntura adversa como la actual, y por otro, reparta de forma más equilibrada el pago entre empresario y trabajador, aunque el mayor peso siga correspondiendo a la empresa.
Aunque el argumento que se esgrime contra esa rebaja es el perjuicio que ello supondría en la recaudación de la Seguridad Social, existen razones suficientes para defender una reducción racional y sensata de su cuantía. La primera de ellas es el daño que los costes laborales producen en la competitividad de las empresas, una asignatura siempre pendiente en la economía española, y la segunda, su efecto perjudicial sobre la generación de empleo, hasta el punto de que algunos estudios aseguran que un aumento del coste laboral de un 1% provoca una caída del -0,37% en la creación de nuevos puestos de trabajo, llamados a contribuir a los ingresos de la Seguridad Social.