Las pymes asumen retrasos en los pagos para no perder clientes
Un 71% de las pequeñas y medianas empresas deben aceptar pagos más tardes de lo que fija la ley
El 71% de las empresas debe aceptar plazos de cobro superiores a los deseados para evitar perder clientes. Así figura en un estudio elaborado por Crédito y Caución e Iberinform., donde se advierten diferencias entre el sector público y la empresa privada.
En concreto, los mejores registros en cuanto al pago a proveedores se encuentran en el sector público, mientras que los peores, en las pymes y las grandes empresas. El informe refleja que solo un 8% de las empresas que mantiene relaciones comerciales con la Administración tiene que aceptar extender el periodo de cobro. Por el contrario, cuando las relaciones comerciales son con pymes y grandes empresas el periodo de cobro alcanza el 39%
La pandemia ha afectado al periodo de pago de las empresas en los años 2020 y 2021. De hecho, en esa época se advierte un empeoramiento en los pagos de las pymes con respecto a los de las grandes empresas. El informe revela que en el año 2021 solo el 33% del tejido productivo tuvo que aceptar periodos de pago superiores a los deseados. En el caso de aquellos que trabajaban con pymes, el periodo de pago se alargó en un 43% de los casos.
Retrasos intencionados
El estudio también pone de manifiesto un empeoramiento de los plazos de pago desigual en función de la evolución de la pandemia. Así, en las primeras oleadas de la Covid-19 se observó un empeoramiento en los pagos, mientras que la primera oleada de 2022 reflejó una vuelta a la situación prepandémica.
En cuanto a las causas del retraso de los pagos, la principal, en un 49% de los casos, se debe a un retraso intencionado en los pagos por parte del cliente. En segundo lugar, en un 47% de los casos, se debe a una falta en la disponibilidad de los fondos. Por otro lado, las empresas tardan en pagar a sus proveedores por complejidad en el procedimiento de los pagos, en un 15% de las situaciones, o por una facturación incorrecta, en el 7%, o debido a disputas sobre la calidad del trabajo o del producto, en un 6% de los casos.