Las empresas con impagos entrarán a formar parte de una lista negra
Se incluirán aquellas empresas que hayan registrado 600.000 euros en facturas impagadas fuera de plazo
El Gobierno creará una lista de morosos. Lo hará para señalar a aquellas empresas que incumplan lo que se establece en la Ley de Morosidad. En ella se incluirán a aquellas empresas que hayan registrado 600.000 euros en facturas impagadas fuera de plazo a sus proveedores y también a aquellas que en el ejercicio anterior hayan superado en un 10% las facturas pagadas fuera de plazo.
La iniciativa, acordada por PSOE y Unidas Podemos, formará parte del proyecto de ley de creación y crecimiento empresarial. En este sentido, se impulsarán las sanciones para aquellas empresas que mantengan contratos con la Administración, pero que no cumplan la ley. Las sanciones podrían llegar a ser de hasta el 50% de los contratos.
Entre los objetivos de esta medida figura también la ampliación de las capacidades para el Observatorio Estatal de Morosidad. Se espera que se ponga en marcha este observatorio en los seis meses siguientes tras la aprobación de la ley.
Datos de las empresas
A raíz de ahí se creará un listado de empresas que no cumplan con lo establecido en la ley de Morosidad. En esa lista aparecerán datos de la compañía como la denominación social de la empresa, su número de identificación fiscal y las cantidades impagadas dentro de los plazos establecidos por la normativa de morosidad. Es posible que en un posterior desarrollo reglamentario se opte por añadir al listado alguna otra información adicional que tenga que ver con el procedimiento de acceso a la información y alegaciones de los afectados o el tiempo que pueden aparecer en dicha lista.
Según los artífices de la iniciativa, PSOE y Unidas Podemos, esta actuación no figuraría “a priori en contra de la normativa de protección de datos, ya que se trata solo de personas jurídicas que no están amparadas por la protección de datos de carácter personal”.
Ambos partidos también quieren que las empresas que quieran acceder a una subvención tengan que acreditar qué gastos subvencionables de sus operaciones comerciales se han abonado en plazo e impedir, por tanto, que estas compañías se demoren en sus pagos.
