El Gobierno modificará este año la base máxima de cotización y el periodo para calcular la pensión
El Ejecutivo asegura ante Bruselas que los nuevos ERTE del mecanismo RED recortarán el paro estructural en 280.000 personas y reducirán el déficit en unos 3.870 millones
El Gobierno ya ha mandado a Bruselas el Programa Nacional de Reformas de 2022 donde, finalmente, ha puesto en negro sobre blanco su compromiso para "modificar el periodo de cómputo de la pensión de jubilación" este año, algo que salió a la luz pública tras varias reuniones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con responsables de la Comisión Europea, pero que él mismo negó completamente en reiteradas ocasiones.
Los responsables gubernamentales no dan más detalles, en este documento, de cual será su propuesta para la reforma de este periodo, que actualmente toma como referencia para calcular la pensión de jubilación los últimos 25 años cotizados por el trabajador. La ampliación de estos años es una cuestión muy espinosa porque, en la práctica, supone, según los cálculos actuariales, un recorte de las futuras pensiones iniciales de la mayoría de los trabajadores, ya que lo más habitual es que las carreras laborales sean ascendentes (se empiece ganando menos y el salario vaya a más con el tiempo). Por ello, a la hora de calcular la pensión, cuantos más años se acerquen a los iniciales de las carreras laborales menor será la cotización que se tome en cuenta para el cálculo y, por tanto, menor será la pensión inicial.
Bien es cierto, que desde los años noventa, de forma creciente, hay cada vez más trabajadores que son expulsados tempranamente del mercado laboral en sus últimos años de carrera de cotización y podrían salir beneficiados de esta ampliación del periodo de cómputo, que es lo que argumenta habitualmente Escrivá. Y es precisamente para ese colectivo de posibles beneficiarios para quien el ministro ha sugerido en alguna ocasión que se modificará el periodo de cálculo. En cualquier caso, los expertos coinciden en que de generalizar una ampliación de número de años, la mayoría de los trabajadores verían algo mermada la prestación inicial; de hecho, es una medida de contención de gasto.
En este Plan de Reformas de 2022 conocido hoy, en el capítulo de la Seguridad Social el Gobierno también reitera su compromiso de modificar "el sistema de cotización de los trabajadores autónomos y la base máxima de cotización". Respecto a esta última cuestión, la polémica radica en cuánto se ampliará esta base máxima y, sobre todo, cuánto subirá en proporción también la pensión máxima en aras a la contributividad del sistema. Estas tres cuestiones serán por tanto el núcleo de la segunda fase de la reforma de pensiones que el Gobierno incluye en las reformas de este año ante Bruselas.
Menos déficit por los nuevos ERTE RED
El Ejecutivo justifica asimismo en la actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025, que también ha remitido hoy a Bruselas, la creación en la última reforma laboral de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) denominados mecanismo RED, para aplicar en empresas y sectores en reconversión, así como de manera general ante una crisis coyuntural si así lo acordara el Gobierno. Concretamente, este documento asegura que el "mecanismo RED tendrá un impacto positivo en términos macroeconómicos, reduciendo el empleo estructural en 280.000 trabajadores, y reduciendo también la elasticidad entre el empleo y PIB".
Es más, los responsables económicos del Gobierno precisan que el "el positivo impacto económico del mecanismo RED tendrá su fiel reflejo en términos fiscales al reforzar la actuación de los estabilizadores automáticos: se reduce el impacto fiscal durante las etapas recesivas y se alcanzan ahorros estructurales equivalentes a unas tres décimas de PIB". En resumen, inciden en que "la reducción del desempleo estructural en 280.000 trabajadores permitirá reducir el déficit estructural en unos 3.870 millones de euros".
Finalmente, siguiendo con el mercado de trabajo, el Gobierno se muestra confiado ante Bruselas de que el carácter plurianual de los convenios colectivos "limite por el momento los efectos de segunda ronda" de la inflación. Así, por un lado, destaca, que la subida salarial pactada en convenio es aún muy moderada en comparación con la inflación porque hasta ahora "es del 2,3%, ocho décimas más que en 2021 y con el mismo ritmo que la subida pactada en 2019". Además, aunque las cláusulas de garantía salarial han aumentado sus efectos hasta el 29% de los trabajadores, estas "permanecen muy por debajo de los porcentajes cercanos al 70% anteriores a la crisis financiera".
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