Crisis energética

Los usuarios franceses se beneficiarán de la "excepción ibérica" pero subvencionarán también el gas

El acuerdo de España y Portugal con Bruselas se traducirá en un precio de la electricidad de 150 euros/MWh por un año

Teresa Ribera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
Teresa Ribera, vicepresidenta de Transición Ecológica. Efe

Tras una difícil negociación con Bruselas, España y Portugal han logrado una victoria relativa, aunque dentro de lo esperado, en su batalla por aplicar un mecanismo que permita una bajada de los precios del mercado ibérico de la electricidad (Mibel). La llamada “excepción ibérica”, basada en la escasa interconexión de la península con Europa (apenas un 2,7% de la capacidad) y el importante desarrollo de renovables en ambos países, fue aceptada hace un mes por la Comisión Europea, consistía en poner un límite al precio de las ofertas de gas (o, en su caso, el carbón) para generar de electricidad, para hacer bajar (o contener) el precio marginal que marcan estas energías más caras y del que se beneficia el resto de tecnologías (nuclear, hidráulica o renovables).

Tras el encuentro mantenido ayer por la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y su homólogo portugués, Duarte Cordeiro, con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, se alcanzó un pacto, que estuvo a punto de zozobrar, pues en la noche de ayer, todo estaba abierto, según fuentes del sector. Al acuerdo preliminar lanzado a bombo y platillo por los presidentes de España, Pedro Sánchez, y de Portugal, Antonio Costa, a finales de marzo, le faltaba la letra pequeña, y esta ha resultado una victoria menos contundente para los países ibéricos.

Frente a un precio de 30 euros/MWh que habían pedido como límite al del gas (a sabiendas de que Bruselas tiraría más alto) que se hubiese traducido en un precio del mercado mayorista en el entorno de 100 euros/MWh, España y Portugal han logrado que el techo se fije en una media de 50 euros/MWh, empezando por 40 euros y subiendo progresivamente en el plazo de un año en que se aplicará la medida. Una progresión que pidió el Gobierno portugués.

Este precio se obtiene de multiplicar por dos los 50 euros/MWh de media pactados para el gas, al que hay que sumar el coste de los derechos de emisión de CO2 que deben pagar las centrales de ciclo combinado (que ayer cotizaban a 85 euros/tonelada) multiplicado por 0,4 y al que se añaden unos 12 euros por otros costes de las centrales. Teniendo en cuenta que el precio del pool en lo que va de año supera una media de 283,3 euros/MWh y que este es el precio que pagan en España los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), supondrá un beneficio para estos usuarios. Aun con todo, muy por encima del precio mayorista entre enero y abril del año pasado, que se saldó con una media de 49,78 euros/MWh, antes de las maniobras del Rusia para hacer subir los precios del gas, que se han desorbitado tras la cruenta invasión de Ucrania el pasado mes de febrero.

Pero el cambio más importante respecto a la propuesta inicial de España y Portugal de intervenir el mercado ibérico, ha sido la negativa de Bruselas a admitir un doble precio mediante dos subastas, una con el precio limitado para la península, y otro, sin dicho tope, para Francia, tal y como se proponía. No han sido tanto los franceses, como la propia Comisión, la que no ha querido aceptar un complicado mecanismo y, mucho menos, cualquier restricción de la interconexión.

El problema más importante al que se enfrentaba la doble subasta es “la presión exportadora” hacia Francia al registrar el mercado ibérico precios más bajos. Y más, cuando mantiene buena parte de su parque nuclear indisponible. Pero, en contra de lo que se ha podido dar a entender, estos no serán subvencionados por los consumidores españoles y portugueses en favor de los franceses, sino que las comercializadoras galas también pagarán la compensación: comprarán al precio “capado”, pero compensarán al gas como las comercializadoras ibéricas. Porque el límite al precio del gas solo se establece a efectos de evitar un marginal muy alto, pero el precio real de los ciclos se pagará igualmente, mediante un prorrateo entre el resto de energías que pagará “la demanda”: las comercializadoras, que podrían trasladarlo a los clientes en el mercado libre, excepto las de referencia que suministran a los clientes regulados del PVPC.

La capacidad de interconexión con Francia es de 3.000 MW con una producción anual de 8.700 horas. En el caso de españa la demanda de los ciclos es de 7.000 MWh, por lo que se calcula que la compensación será de 4.200 millones de euros anuales a repartir entre toda la demanda: comercializadoras francesas e ibéricas. De no contribuir las primeras a dicha compensación (algo que nunca se planteó, según fuentes sectoriales), españolas y portuguesas les habrían subvencionado con casi 1.600 millones de euros.

Más interconexión

España y Portugal han claudicado ante Bruselas porque, además, el sistema de doble subasta y, por tanto, doble precio, creaba un serio problema técnico (y quizás hubiese terminado en los tribunlaes) en la liquidación de las coberturas de los mercados de futuros. Así lo habían denunciado en los últimos días el operador del mercado de futuros del Míbel, la portuguesa Omip (la española, Omie, se ocupa del mercado al contado o diario), así como las cámaras de compensación de dichos mercados, BME Clearing y MEFF.

Los grandes beneficiarios de mantener un solo precio son los ciclos combinados, que aumentarán su producción por una mayor demanda desde Francia. Ello se traducirá en una subida del precio de la generación con gas, que no se trasladará al resto de energías, per sí habrá que compensar.

Según aseguró Teresa Ribera tras la reunión con Vestager, “la Comisión Europea nos ha pedido ser flexibles para no poner limitaciones en la frontera, “pero obviamente, el consumidor francés tendrá que pagar lo mismo que el consumidor ibérico en este ajuste”. Por su parte, Bruselas “se ha comprometido a ser mucho más activo para vigilar el pleno cumplimiento de un objetivo de interconexión fijado para el 10% en el 2020 y del 15% en 2030”, añadió la vicepresidenta.

A cambio de ceder en su propuesta de hacer dos subastas, España ha conseguido que el plazo de aplicación del mecanismo no sea hasta finales de este año, como se solicitó inicialmente, sino de 12 meses.

Competencia diseña el permiso de nuevas ayudas de Estado

El último tramo de una complicada negociación se libró entre la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, su homólogo portugués, Duarte Cordeiro, y la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, que mantuvieron ayer la reunión final. El acuerdo, cuyo contenido se conocerá esta semana, y se incluirá en un real decreto ley que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes, tendría un efecto inmediato y se notará, según Ribera, en la factura de la luz del mes de mayo y en el IPC de los próximos meses.

El colofón ha corrido a cargo de Competencia, y no de Energía, porque la “excepción ibérica”, forma parte de las directrices que prepara Vestager para permitir a los países ayudas de Estado excepcionales, directas o indirectas (como el acuerdo ibérico) y por montantes similares.

El mecanismo ha sido contestado duramente por las grandes compañías eléctricas españolas, que han presionado este tiempo a Bruselas. Finalmente, saldrá adelante y tendrán complicado ganar algún pleito en los tribunales, pues tiene el respaldo explícito de Bruselas, que, de entrada, nunca denunciaría una medida aunque incumpliera la normativa sobre ayudas de Estado.

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